Intrusismo laboral en la fotografía o cómo matar moscas a cañonazos. Estoy de acuerdo en que el intrusismo laboral es una lacra en nuestra sociedad. Hay buenos profesionales que cumplen con su trabajo y pagan religiosamente impuestos y cuotas como trabajadores autónomos. Perfecto.

El problema llega cuando se encuentran con personas que pretenden ofrecer los mismos servicios pero sin cumplir con las obligaciones fiscales con la consiguiente competencia desleal. Un «fotógrafo ilegal» (permitanme la expresión) se ahorra cientos de euros en impuestos que puede descontar al cliente en el precio final del trabajo. Uno legal, en cambio, no puede bajar sus precios hasta los niveles de los «ilegales», seguir pagando impuestos y pretender ganar algo.

Es un grave problema al que sin duda hay que poner fin pero ¿cómo?. En España la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la Región de Murcia ha llegado este año a un acuerdo con la dirección territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para que ésta persiga en bodas, bautizos, comuniones y eventos similares a «los ilegales». Imagino que hasta aquí nadie se opondría a la medida pero pongámonos en el caso del que hablábamos hace poco: Un familiar nos pide que fotografiemos su boda. Nosotros, como aficionados entusiastas y buenas personas, aceptamos y durante la ceremonia viene un inspector de trabajo, nos pide la acreditación profesional y nos impone una dura multa económica por no poseerla.

Demuestra ahora que realmente estas haciendo un favor por el que no vas a cobrar y que no es una excusa que has pactado con los clientes previamente ¿difícil no? Pues suena a chiste pero es así. Inspecciones en parroquias, ayuntamientos, estudios y juzgados los fines de semana además de exigir que los fotógrafos acudan a los eventos identificados con el carné de la Asociación, el recibo pagado del Importe de Actividades Económicas o el boletín de cotización de la Seguridad Social. Incluso van a investigar páginas web donde se ofrezcan estos servicios de manera ilegal.

No estoy en absoluto en contra de perseguir los fraudes pero esta forma de actuar me parece más propia de mafiosos que de trabajadores. A lo mejor el gremio debería plantearse que si hay clientes dispuestos a jugárselas con «ilegales» por un precio menor es que las tarifas que se exigen hoy en día se encuentran un poco infladas. En definitiva, creo que hay que hacer algo contra el fraude pero no a cualquier precio. Primero hay que encontrar un método fiable y eficaz que persiga a los «ilegales» pero filtrando a los aficionados bienintencionados. ¿Qué pensáis vosotros?