Como ya ocurrió en España el año pasado, el gobierno mexicano está obligando a los usuarios de telefonía móvil prepago a registrarse como parte de una ley para luchar contra el crimen organizado. Durante las últimas semanas, se han visto anuncios en distintos medios de comunicación instando a los usuarios a enviar sus datos, pero quedan alrededor de 30 millones de usuarios que todavía no lo han hecho y que podrían perder su línea si el gobierno sigue adelante con esta iniciativa.

El gran perjudicado de esta medida sería América Móvil, el operador mayoritario del país, que cuenta con una cuota de mercado del 71%, por lo que no extraña que esta decisión no haya sido bien recibida. Carlos Slim , propietario de América Móvil, está negociando con el gobierno para ampliar el plaza dado para el registro y poder minimizar el número de líneas perdidas.

Por su parte, Telefónica ha optado por la rebeldía y ya ha hecho una declaración oficial asegurando que ellos piensan mantener el servicio a sus clientes y, si fuese necesario, no descartan acudir a los tribunales para defender los derechos de sus usuarios.

Vía | Europa Press