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Señoras y señores, esto de los derechos de autor se nos está escapando de las manos completamente. Y para ilustrar la afirmación con un ejemplo ahí va lo que está pasando a día de hoy en el Reino Unido que como poco y por decirlo de forma suave es una auténtica vergüenza.

La historia comienza con la firma de abogados ACS:Law quienes representan en Inglaterra a varios propietarios de derechos de autor de la obra que toque, quienes se están dedicando a enviar miles de cartas a los internautas que según ellos se han descargado ilegalmente material protegido de sus representados. Lo mejor es que en dichas misivas los de ACS, aparte de comunicarles que han infringido derechos de autor y “el paquete” que les puede caer por ello, brindan a los supuestos piratas la oportunidad de enmendar su supuesto delito de forma amistosa: sólo tienen que soltar unos 570 euros y listo.

Pero por si lo dicho anteriormente no fuera suficiente, aún hay más. Ahora resultada que ya van unas 150 personas que se han puesto en contacto con la publicación para consumidores Which? a los que les ha llegado la carta “acusatoria” de ACS:Law y que no han hecho absolutamente nada. Por ejemplo tenemos el caso de un anciano de 78 años al que le llegó la carta por descargar ilegalmente un archivo porno y resulta que el hombre no sabe ni lo que es BitTorrent.

¿Es o no es todo esto una vergüenza que se acerca mucho a lo que conocemos por una estafa? Tenemos a un bufete de abogados enviando misivas a diestro y siniestro en las que acusan de cometer delitos a ciudadanos, a los que tras acongojar con un poco de idioma “abogacense” les ofrecen una salida amistosa basada en pagar más de 500 euros. La presunción de inocencia y el derecho a la intimidad brillan por su ausencia, tampoco sabemos exactamente cómo dilucida ACS:Law quienes están descargando material protegido de sus representados (ellos aseguran que su sistema no tiene fisuras, pero por lo que vemos mienten) ni tampoco cuantos ciudadanos ingleses habrán decidido pagar los 578 euros por miedo a un interminable litigio en los tribunales.

Termino insistiendo en lo de siempre. Nadie dice que los creadores de contenidos no tengan el absoluto derecho a vivir de sus obras, pero de ahí a blindar legalmente una industria obsoleta y dotarla de artillería legal pesada, hay un tramo muy grande.