Este viernes, 18 de febrero, estaba previsto que se aprobara la nueva ley de ciencia; ya que la anterior lleva vigente desde 2011 y tiene todavía mucho por mejorar. Y así ha sido, se ha aprobado el nuevo texto. Con esta ley, el Gobierno de España busca reducir la precariedad entre los investigadores y retener el talento para que no se vaya al extranjero; pero habrá que esperar a que el Congreso de los Diputados la apruebe.

Algunas asociaciones habían hecho críticas de esta nueva ley. No obstante, el Consejo de Ministros parece que ha escuchado sus peticiones. Para empezar, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha explicado que esta es la primera vez que se blinda por ley la obligatoriedad de la inversión en ciencia. Esta inversión será mínimo del 1,25% del PIB, que sumada a la inversión privada, llegarán al 3% marcado por la Unión Europea. La inversión constante permitirá contratar personal; pero también mejorar las infraestructuras y herramientas que utilizan los investigadores. "Esta es la ley que el sistema necesita", ha afirmado la ministra. "Blindamos por ley que los investigadores tengan los recursos necesarios", ha añadido.

Esta es la primera vez que se blinda por ley la obligatoriedad de la inversión del 1,25% del PIB en ciencia

A raíz de críticas de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior (RAICEX) hacia el anteproyecto de ley; el Consejo de Ministros ha decidido hacer un cambio en esta nueva ley. Y ahora sí se va a tener en cuenta toda la experiencia que los investigadores tengan fuera de los Organismos Públicos de Investigación (OPI). Esto es importante ya que hay investigadores que han trabajado antes en centros, fundaciones, empresas o universidades, tanto dentro como fuera de España. Además, a la hora de calcular los quinquenios es importante porque supone un plus salarial.

Así es la nueva ley de ciencia

No obstante, COSCE afirman en un comunicado de prensa de finales de enero que el borrador final sí mantiene o reconoce varias cosas que consideran importantes. Por ejemplo, se mantiene el programa de ayudas para contratos Ramón y Cajal; también la figura del tenure track, con la que se busca ayudar a los investigadores en los inicios de su carrera científica hasta que lleguen a la contratación permanente en el sistema público. Aún así todavía "está insuficientemente perfilada". Además se mantiene la escala de Científicos Titulares en los OPI y se establece la unión en un único plan de la Investigación Científico y Técnica y la Innovación.

Por otra parte, el texto reconoce la excesiva burocratización del sistema; pero no da soluciones para salir de este problema que ralentiza mucho la investigación. Por su parte, Morant ha dado una pincelada sobre las novedades en cuanto al exceso de papeleo. A partir de ahora los investigadores podrán realizar cuentas simplificadas del uso del dinero y la comprobación de que el dinero se invierte bien se hará "por muestreo". También han comentado Morant que van a estabilizar los calendarios de las convocatorias de becas y ayudas; de esta manera los investigadores podrán organizarse con más tiempo para presentar todo el papeleo.

Permisos de excedencia, ya no se tienen en cuenta

Una de las grandes demandas en los últimos años son los contratos indefinidos. Y es que el mundo de la investigación en España es muy precario. A partir de ahora todos los contratos serán indefinidos. En el caso de comenzar en el mundo de la investigación se va a hacer un "itinerario más estable" para conseguir la plaza. Así pues, los que se inicien tendrán un contrato de seis años con una evaluación a los tres años que les otorgará el certificado R3.

Por otra parte, también se ha pedido en numerosas ocasiones que los permisos de excedencia, del tipo que sean, no se tengan en cuenta en las evaluaciones. Y es que hasta ahora penalizaban, ya que se evaluaban los últimos años de investigación. Esto perjudicaba a las personas que pedían permisos para cuidar de sus hijos o familiares dependientes o enfermos. Todo esto "ya no se va a tener en cuenta", ha afirmado Morant.

"Esta es la ley de ciencia que España necesita para convertirse en un país más justo y verde. Es la ley que necesitamos para que la ciencia se asiente", ha comentado Morant hacia el final de su comparecencia.

La nueva ley coincide con el aumento de la inversión en ciencia en los PGE

Esta nueva ley coincide, también, con un aumento en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la inversión en ciencia. La partida del Ministerio de Ciencia e Innovación ha pasado de los 2.007 millones de euros en 2019 (prorrogados en 2020) a casi el doble; es decir, unos presupuestos fijados en 3.843 millones para 2022, tal y como explicó la ministra Diana Morant el pasado mes de octubre.

La nueva ley de ciencia ahora tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. No sabemos cuánto de todo esto se llevará a cabo al final. Estas primeras pinceladas parecen llevar hacia la lucha contra la precariedad en un sector clave para el futuro de España.