Florida, actual residencia de Donald Trump, va a lo suyo en materia de regulación del ecosistema tecnológico, y más concretamente en lo que a moderación de contenido en redes sociales se refiere. El gobernador republicano de la región, Ron DeSantis, acaba de saltar a la primera línea mediática con una controvertida ley que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Bajo el slogan "Stop Social Media Censorship Act", DeSantis anunció ayer la ley que busca castigar a las redes sociales en su papel de moderadoras de contenido y evitar así que "sigan siendo un Gran Hermano". Según el político, estas compañías tecnológicas han tomado parte en la eliminación del contenido conservador en sus espacios.

Una posición que, para el Gobernador de Florida, se enfrenta directamente con la libertad de expresión y la información dentro de Facebook, Twitter o YouTube. Mediante este texto, ninguna compañía podrá vetar la participación de ningún político, tampoco de candidatos, ni moderar conversaciones dentro de su plataforma. El incumplimiento de estas normas supondría una multa de 250.000 dólares más 25.000 por cada día que no se devuelva el acceso al político implicado.

Ni que decir tiene que esta ley va de la mano de Donald Trump tras su eliminación consensuada y respaldada por la ley de todas las redes sociales por sus comentarios tras los acontecimientos en el Asalto al Capitolio de enero de 2021. El enaltecimiento y no reprobación de los sucesos fue para las grandes redes sociales motivo de bloqueo. De momento, ninguna de las grandes tecnológicas ha dejado entrar al ex presidente en sus redes; teniendo en cuenta el precedente de Twitter, liderada por Dorsey –enemigo acérrimo de Trump– que ya confirmó que nunca volverían a darle acceso. Esto sería, por tanto, la respuesta republicana a la censura sobre Trump.

Una ley contra las redes sociales con un recorrido muy corto

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Ya se presupone que esta ley será recurrida ante los Tribunales y terminará en el cajón de los proyectos fallidos. Y aunque es la primera en ponerse en práctica, sí que es cierto que esta propuesta tiene bastantes antecedentes.

Los expertos ya lo han señalado: la nueva ley de Florida es anticonstitucional por contraponer la Primera Enmienda y una ley federal de los Estados Unidos. La sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones exime a los sitios web de ser demandados por eliminar contenido que se considere "obsceno, lascivo, sucio, excesivamente violento, acosador u objetable", siempre que las empresas actúen de "buena fe". En este sentido, la nueva ley estaría prohibiendo algo que está prohibido. O lo que es lo mismo, la libertad de las empresas privadas a gestionar sus negocios y, por otro lado, la obligación de las plataformas tecnológicas a ser responsables de los discursos que en ellas se vierten. Sería una contradicción obligar a Twitter o Facebook a ser responsable de algo que no puede moderar.

Una cuestión que también afecta a las tiendas de aplicaciones. Parler, la red social de los seguidores de Trump y los conspiranoicos, fue eliminada de la App Store por incumplir precisamente la moderación del contenido que en ella se vertía. Ahora ha vuelto, pero con condiciones.

Por otro lado, no son pocos los que han señalado la persecución de DeSantis al sector tecnológico liberal con origen en Silicon Valley. La misma ley incluye una cláusula que exime a las empresas propietarias de parque temáticos o centros de recreo de tener que aplicar esta normativa en caso de tener una red social a su cargo. DeSantis estaría dando un trato de favor a Disney, uno de los negocios más rentables de Florida con su larga lista de parques temáticos.

¿Solo a favor de los políticos?

De hecho, DeSantis ha incluido un epígrafe en el que se incluye el derecho de los ciudadanos a demandar a las redes sociales por hasta 100.000 dólares si consideran que el borrado de su cuenta no tiene motivos reales sobre la mesa.

Este punto aplicaría, por tanto, a los borrados y control que el total de las redes sociales ha tenido que gestionar durante meses también a raíz de los acontecimientos del Capitolio. Otra contradicción de la ley de DeSantis. Facebook, Twitter y YouTube han tenido que sentarse ante el Congreso de los Estados Unidos precisamente por no haber sabido ver a tiempo, y cortar por lo sano, la llamada al asalto dentro de sus plataformas. En otras ocasiones también se han tenido que enfrentar a la opinión pública por el alto contenido racista, machista o xenófobo que se genera dentro de sus muros y por el que ha tenido que tomar acciones serias.

Este último punto solo traería un punto positivo: obligaría a las plataformas a especificar, de forma muy concreta, el motivo por el que sus cuentas son eliminadas. Tanto los términos y condiciones del servicio, como en el momento efectivo.