A unos años del escándalo de espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos, el Gobierno de México nuevamente está en el ojo del huracán. De acuerdo con El País, la administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador, adquirió programas para espionaje masivo de teléfonos móviles.
La Fiscalía General de la República realizó cuatro contratos con la compañía Neolinx, intermediaria de la israelí Rayzone Group, quien es competencia del NSO Group. Los contratos equivalentes a 5,6 millones de dólares se celebraron entre 2019 y 2020 para la compra de tecnología de espionaje.
Uno de ellos es GeoMatrix, un software que arroja la localización de cualquier teléfono móvil en tiempo real. Según la descripción del producto en la web de Rayzone. GeoMatrix comprueba sigilosamente el estado, la ubicación y el movimiento de los objetivos de interés, desde cualquier lugar de una ciudad y/o área hasta todo el país y más allá de las fronteras, ubicándolos con alta precisión en tiempo real.
Esta solución de espionaje fue adquirida por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en mayo de 2019. La descripción del contrato indica servicio para hasta 135.000 búsquedas sin límite, aunque, solo se han realizado 124 consultas autorizadas por un órgano de justicia.
Un segundo contrato celebrado con Neolinx fue para la compra del servicio ECHO para la consulta y análisis de datos masivos. Según Rayzone, ECHO es un sistema de inteligencia de señales estratégico que proporciona a las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley información amplia, diversa y detallada sobre los usuarios de Internet en todo el mundo.
El Gobierno de México asegura que este software de espionaje es para combatir a la delincuencia organizada
La Fiscalía General de la República habría pagado 2,8 millones de dólares por utilizar ECHO durante 2019 y 2020. Ambos contratos se habrían realizado con cargo a una partida de gastos de seguridad pública y nacional. La celebración contradice la estrategia del Presidente de México, quien asegura que su gobierno no es igual al de periodos anteriores.
El uso de software de espionaje masivo en dispositivos móviles se destapa en un momento delicado para México. El Senado aprobó ayer un controvertido dictamen que permite recabar los datos biométricos de todos los usuarios de telefonía móvil.
La medida, vista como anticonstitucional por legisladores y defensores de derechos humanos, abre la puerta a crear una herramienta autoritaria. El Instituto Federal de Telecomunicaciones accedería a la la huella dactilar, facciones del rostro, iris y tono de voz de los dueños de un celular.
La medida aplicará para usuarios que compren una tarjeta SIM de prepago o contraten un plan de pospago. Aquellos que tengan una línea también deberán entregar su información en un plazo no mayor a dos años o se quedarán sin servicio. Aunque el dictamen está aprobado por el Senado, legisladores de la oposición lo llevarían a la Suprema Corte de Justicia de México.