Las primeras críticas a las acciones tomadas por el nuevo gobierno no se han hecho esperar. El proyecto para la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que el Ministerio de Igualdad quería ratificar antes de las celebraciones del 8 de marzo, se ha visto frenado por los errores técnicos del equipo de Irene Montero, que dejan intuir la inexperiencia del equipo ministerial, pero en absoluto invalidan sus esfuerzos.
Sin embargo, no es por sus fallas procedimentales por lo único por lo que el documento ha levantado ampollas, sino por su posicionamiento frente a una impostada rivalidad que ha tomado protagonismo dentro del movimiento feminista en los últimos años: la idea de que el reconocimiento de derechos al colectivo trans pone en peligro a las mujeres.
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La publicación del manifiesto de la Comisión 8M de Madrid ha avivado la llama de la polémica y ha hecho que conocidas feministas se hayan negado a sumarse a la “Revuelta Feminista” convocada con motivo del Día de la Mujer de este año.
>Luchamos para que las mujeres seamos dueñas de nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestras decisiones, para que las personas disidentes sexuales, especialmente las mujeres trans, dejemos de sufrir agresiones y múltiples violencias, y por una sociedad que respete y valore la diversidad funcional, la diversidad sexual, y la diversidad de identidad y/o expresión de género”, extracto del Manifiesto 8M.
Además, la reciente expulsión del Partido Feminista de España (PFE) de Lidia Falcón por parte de la Asamblea Político y Social de Izquierda Unida con un 85% de los votos, debido a su firme posicionamiento público contra las leyes trans, ha generado un coro de voces discordantes.
Los orígenes queer del debate
El germen de la controversia que hoy con tanto ahínco se litigia se remonta a la adhesión de algunas tendencias políticas dentro del feminismo a los postulados defendidos por la **teoría queer**, surgida a finales del siglo pasado en Estados Unidos.
Los estudios queer son una apuesta teórica por individualizar la identidad sexual, aduciendo que no solo el género es una construcción social, sino que también lo es el sexo. Esta teoría se enmarca dentro de la disidencia sexual y la deconstrucción de las identidades.
Laura Redondo, psicóloga jurídica forense, sostiene que el problema es que *“esa teoría, y los postulados que se derivan de ella, se están utilizando para la redacción de lo que llaman leyes de identidad de género”*. Las cuales, para Redondo, que también es doctoranda en violencia sexual, son leyes que carecen de perspectiva de género.
Las teorías queer “son postulados filosóficos acientíficos sin contraste empírico que entran en contradicción con la evidencia que existe sobre el género y los avances en materia de derechos en estas cuestiones que hay hasta el momento”.
Más allá de estos planteamientos teóricos, y de que haya quienes los instrumentalicen para justificar determinadas posiciones, la realidad de las personas trans sigue estando marcada por la discriminación y la precariedad.
En la mayor parte de los países de Latinoamérica, donde la media de vida de una persona trans no supera los 40 años, el miedo al asesinato asfixia su existencia. Esta es la expresión más cruda de la violencia contra este colectivo, que adquiere diferentes tintes en función de las distintas realidades geopolíticas.
En el caso de España, Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, afirma que las personas trans tienen otros problemas. Esta activista denuncia que el acceso al mercado laboral es una de estas dificultades, “más del 80% de las personas trans viven en paro”, junto a la práctica del deporte, frente a la que sostiene que se encuentran “en un limbo”. Además, propone revisar los currículums educativos, “que no incluyen a las personas trans”.
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Cambrollé también denuncia prácticas sanitarias vejatorias y demanda “una atención sanitaria desde las buenas prácticas”, que esté basada en el “consentimiento informado y en la autodeterminación”. Afirma que Andalucía es una comunidad pionera en la implantación de este modelo, que hace que “la atención sanitaria no sea patologizante, no nos segregue del resto de la población y garantice el trato igualitario”.
Laura Redondo sostiene que la transexualidad está relacionada con la disforia de género. “Lo que se encuentran los profesionales de la práctica es que hay que hacer lo que llaman un diagnóstico diferencial, porque con la misma sintomatología puede ser que se esté en contra de los cánones sociales, que se tengan problemáticas con los trastornos somatomorfos…”. Aunque entiende que hay un estigma, que es “el estigma de la enfermedad mental”.
“A todo colectivo vulnerable hay que escucharlo, pero la labor de realizar intervenciones efectivas le pertenece a profesionales especializados”, defiende Redondo, quien argumenta que “hay que saber mucho y hay que tener conocimientos muy especializados para entender qué es lo que subyace a estas cuestiones”.
Cuestión de legislación
Mar Cambrollé afirma que, desde que inició su activismo por los derechos trans ha visto un cambio muy grande en la sociedad. “Desde el activismo trans hemos conseguido insertar en el imaginario colectivo que las personas trans formamos parte de la diversidad”.
Aunque no deja de instar al gobierno al cumplimiento del compromiso que Pedro Sánchez adquirió con el colectivo trans en su discurso de investidura. Cambrollé reclama una ley propia que garantice los derechos del colectivo trans. “Lo mismo que en el caso de las mujeres, que sufren una discriminación específica y estructural, no es válida una ley de violencia familiar, sino que tiene que ser una ley de violencia de género”, sostiene que “tan solo sería posible superar la discriminación desde una ley específica para las personas trans”.
>No es una ley que venga a privar de derechos a nadie, sino a reconocerle derechos a quien de una manera sistemática se nos han negado”.
Para la activista, la ley debe “garantizar la libre determinación de la identidad y expresión de género como un principio jurídico que viene a devolver a las personas trans la capacidad de ser sujetos de derecho y no objetos de la medicina”.
Para Laura Redondo, es ahí donde se sitúa el conflicto, en la confusión entre sexo e identidad de género, una idea que, en su opinión, obvia la perspectiva de género.
Redondo afirma que el problema es el sistema de implementación de medidas legales. “No se está hablando de que haya personas transexuales que vayan a utilizar la ley para mal”. “Se habla de que esta ley da pie a que agresores utilicen resquicios legales para tener ventajas penales”. Para ella, “se está utilizando al colectivo trans para que otras personas entren en la ley”.
Sin duda se trata de una cuestión de gran complejidad, que demanda un largo y profundo debate que ayude a decidir de forma colectiva hacia dónde queremos dirigirnos como sociedad.
Las personas trans merecen ser reconocidas en igualdad de derechos. Como recuerda Mar Cambrollé, “nuestra realidad a día de hoy carece todavía de un marco jurídico, después de 41 años de democracia, que nos haga vivir con dignidad y en igualdad a las personas trans”.
Para Laura Redondo, “lo primero es el diálogo, si nos cerramos en banda no vamos a llegar a ningún lugar”. Es a través del diálogo y el entendimiento como una sociedad debe construir los principios éticos sobre los que se sustenta.
El feminismo es una posición política viva, que debe incluir una diversidad saludable y constructiva en el seno de su evolución. Un debate razonado y empático es siempre enriquecedor y contribuye a avanzar hacia una mayor justicia y libertad.
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Hipertextual apoya las reivindicaciones del movimiento feminista. Por ello, con motivo de la celebración del Día de la Mujer, nuestras redactoras no publicarán durante el domingo 8 de marzo. Los contenidos relacionados saldrán en los días previos a esa fecha.