Ya lo avisaron: no cederían a las exigencias del Gobierno de California y harían todo lo posible para tumbar una ley que podría terminar con su modelo negocio.

Uber sigue trabajando duro para conseguir su objetivo, tanto legalmente recurriendo la medida en vigor desde el 1 de enero como en términos financieros: junto a Lyft, han invertido 60 millones de dólares para acabar con la reforma que califica a los conductores de Uber como profesionales. De salir adelante al 100% de su potencial, la tecnológica estaría obligada a contratar a todos sus asociados, pagarles el sueldo mínimo y vacaciones.

Mientras, Uber ha decidido poner a prueba mecanismos que –en caso de no lograr su triunfo en los Tribunales– salve parte de su negocio en California. Según ha adelantado The Wall Street Journal, la tecnológica estaría probando un sistema mediante el cual, los conductores de la plataforma podrían elegir el precio del trayecto y rechazar pasajeros. Esto forma parte de un proyecto piloto, solo válido para los trayectos desde el aeropuerto. De funcionar, Uber estudiaría ampliarlo a todo el Estado. No está claro si aplicaría la reforma al resto de continente. En Europa, y en España, de momento se encuentra a años luz

Concretamente, Uber ofrecerá un margen del 10% en los precios. Esto implicaría que los conductores podrían aumentar hasta 5 veces la base establecida por la tecnológica. ¿Cómo controlar el alza en las tarifas? Según Uber, esto funcionaría de la misma manera que una subasta; ganaría el que tenga el precio más bajo. Por otro lado, la aplicación ofrecerá más información sobre los potenciales pasajeros dando así la opción al conductor a rechazar servicios sin penalización.

De esta manera, Uber estaría evitando una de las máximas de la Ley de Contratistas del Estado norteamericano y podría seguir manteniendo su modelo de negocio. Desde el punto de vista del texto legal, las sanciones por cancelación de trayecto que impone Uber a sus conductores o la fijación de los precios en función del algoritmo a través de su tarifa dinámica serían motivos de peso para considerarles empleados de pleno derecho. Una batalla similar a la que mantiene Glovo con sus riders en España en varias instancias judiciales.