José María Álvarez-Pallete (Madrid, 1963), Presidente Ejecutivo de Telefónica ha señalado en su entrevista con Hipertextual la necesidad de que la sociedad se dote de una “Constitución Digital”. Un corpus normativo que recoja al igual que las constituciones convencionales los derechos y obligaciones que parten de la vida digital.
La iniciativa por intentar señalar y preservar una serie de derechos básicos de los usuarios de internet (es decir, de todas las personas en un momento dado) es algo que se ha perseguido prácticamente desde la irrupción del uso masivo de la web. En los años 90 ya se crearon organizaciones como Electronic Frontier Foundation que intentaban controlar y señalar abusos surgidos en la era digital.
Temas tan candentes como la privacidad, la eliminación de la brecha digital y el acceso equitativo a internet, o el uso de la inteligencia artificial de forma ética son algunos de los retos que debería afrontar esta Constitución Digital. Telefónica comenzó a nombrar con fuerza este concepto el verano pasado después de presentar su Manifiesto por un nuevo Pacto Digital, una especie de tratado y resumen de principios de la compañía “para poner la digitalización al servicio de las personas”.
“Necesitamos una Constitución Digital, una carta de derechos digitales para garantizar nuestros valores y derechos fundamentales en un futuro digital”, José María Álvarez-Pallete. Prólogo del Manifiesto por un nuevo Pacto Digital.
De forma más reciente, durante el pasado MWC de Barcelona, Pallete volvió a citar en su exposición esta necesidad remarcando en su exposición que “los datos tienen potencial para ser una poderosa fuente de bienestar social” si se usan correctamente. Una percepción que seguramente sea opuesta a la que tiene actualmente el gran público debido a los escándalos que durante el último año y medio han sacudido a grandes tecnológica como Facebook por sus malas prácticas, pero que Telefónica está intentado cambiar con planteamientos como los de su llamada Cuarta Plataforma.
Otros retos que Telefónica recoge en su análisis son la robotización y la automatización, y cómo prevenir que estas no generen nuevas desigualdades; la responsabilidad ética, jurídica y fiscal de grandes corporaciones y plataformas digitales globales; y cómo las democracias y los estados soberanos se enfrentan a realidades que trascienden su propia regulación, como la formación y desinformación de la opinión pública a través de las fake-news o la protección de la privacidad de sus ciudadanos.
En definitiva, un diagnóstico de todo los retos y problemas que ha traído ya la digitalización y el planteamiento de algunos pactos globales para prevenirlos y convertirlos en fortalezas. Pero, ¿qué propuestas recogería esta Constitución Digital? En las siguientes líneas veremos algunos de sus puntos clave en base al Manifiesto de Telefónica y sus principios.
Modernizar los derechos y las políticas de los entornos digitales
El reto: El cambio tecnológico es mucho más rápido que la capacidad de las instituciones para crear leyes que protejan a sus ciudadanos. Los actuales marcos legales están en muchos casos desactualizados. Esto está desafiando los derechos de las personas, la protección de los consumidores y una competencia justa.
¿Qué se propone ante ello?:
- Creación de una carta de derechos digitales: se trataría de un texto jurídico acordado y apoyado por el mayor número de instituciones, organismos y estados en el que se recojan igualmente los derechos de los ciudadanos tanto en su vida online como offline.
- Hacia un nuevo paradigma regulatorio: modificar el enfoque de la regulación en función de la actividad que realiza cada empresa y mejorarla combinando la autorregulación, directrices políticas y una supervisión mejorada. Una reflexión al respecto podría ser si es justo que el GDPR castigue igual a Facebook que a un pequeño blog o la web corporativa de una Pyme.
- Proteger a las personas y la competencia: Asegurar por una parte tanto las facilidades para que las empresas y organismos innoven, como la respuesta que pueden tener las autoridades para mejorar la protección de las personas. Que los tiempos en los que nace una nueva ley sean tan adaptables como lo es la tecnología.
- Mejorar la cooperación global: debido al carácter global de internet, la respuesta entre autoridades también debería serlo.
Combatir la brecha digital y fomentar el uso de redes innovadoras:
El reto: En este apartado de su Manifiesto Telefónica traza el problema de la brecha digital y la desigualdad que trae consigo, remarcando también los problemas que en ocasiones existe para favorecer la innovación tanto en el sector privado como en el público.
¿Qué se propone ante ello?:
- Uso de redes innovadoras: que las empresas privadas desarrollen métodos sostenibles para desplegar la conectividad a toda la población, usando estándares abiertos.
- Fomento de políticas favorables a la inversión: Búsqueda de una regulación más flexible para poder invertir en nuevas formas de conexión. El problema del despliegue del 5G, puede ser un buen ejemplo de ello.
- Fomentar el acceso a internet: por medio de una educación digital e inclusiva.
- Desarrollo de la Administración tecnológica: que los estados persigan un uso más eficiente y moderno de la tecnología en sus propios trámites.
Adaptar las políticas sociales y fiscales a la era digital
El reto: La digitalización y la automatización suponen un reto para la sostenibilidad de las políticas sociales y el bienestar, tanto a nivel de los puestos de trabajo que se puedan perder, como por la recaudación fiscal.
¿Qué se propone ante ello?:
- Prepararse para la disrupción en el mercado laboral: que los Gobiernos de hoy adopten las medidas adecuadas para fomentar la empleabilidad del futuro. Dicho de otra forma, hacer una apuesta educativa por los trabajos que serán más demandados a medio y largo plazo.
- Centrar este cambio en una educación enfocada en la era digital.
- Una política social adaptada al cambio: la automatización y otros desarrollos tecnológicos exigirán “un nuevo enfoque del Estado del Bienestar”.
- Perseguir un comportamiento fiscal responsable: especialmente enfocado en las compañías globales de servicios digitales y su rendición de impuestos.
Generar confianza en los datos y aprovecharlos para el beneficio de las personas
El reto: Ante la visión mayoritaria de los datos como una vía para atentar contra la privacidad, la compañía cree que es necesario que se valore cómo estos enriquecen las experiencias de los usuarios y generar nuevas oportunidades en todos los niveles, incluida la mejora de la calidad de vida.
¿Qué se propone ante ello?:
- Hacia una nueva ética de datos: que cada persona sepa claramente para qué, cómo y cuándo se utilizan sus datos y tenga capacidad de decisión sobre ellos.
- Dotar de transparencia y elección a los datos: que cada individuo acceda con facilidad a sus datos, pero que además disponga “de opciones adecuadas para disfrutar de su valor”.
- Fomentar nuevas formas de cooperación público-privada: principalmente enfocada en la seguridad de los productos.
- Garantizar y regular la ciberseguridad: “crear unas normas claras para mejorar la ciberseguridad en la cadena de valor”.
Impulsar las plataformas equitativas y los algoritmos éticamente responsables
El reto: Muchas plataformas globales gozan en la actualidad de una situación de pseudo-monopolio en sus sectores o en el ofrecimiento de servicios concretos. Hay que prevenir malos usos y perseguir un comportamiento ético.
¿Qué se propone ante ello?:
- Perseguir un comportamiento auditable y responsable: que las plataformas sean transparentes y promuevan un uso ético de tecnologías como los algoritmos e inteligencias artificiales.
- Aplicar el Estado de Derecho también aquí: que las instituciones persigan y se doten de herramientas para procurar la equidad y eliminar los abusos que puedan darse.
- Mirar los datos como un activo competitivo: además de por la privacidad, los datos deberían considerarse un activo vital para la innovación y la mejora en muchos campos.
- Servicios globales ante jurisdicciones nacionales: las plataformas internacionales deben adaptarse y aceptar las normativas locales de cada Estado en el que operen.