Una de las batallas de la guerra contra las empresas tecnológicas como Airbnb ha terminado en victoria para la compañía. Enfrentándose al sector hotelero, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que Airbnb es una plataforma digital que actúa como intermediaria entre los propietarios de las viviendas y los inquilinos vacacionales. De esta forma, el abogado ha establecido que la tecnológica no opera como un intermediario inmobiliario; de esta manera no debe someterse a las estrictas normas del sector. Una decisión que no es vinculante y que, por norma general no se contempla en la decisión final, se podrá saber en los próximos meses.

La decisión de Maciej Szpunar se encuentra en las antípodas de la resolución que el mismo Tribunal emitió sobre Uber, considerando que era una compañía de transporte. Se decía, en este punto, que no era una empresa perteneciente al sector de la sociedad de la información. ¿Dónde está la diferencia en estos dos casos? En el punto de las licencias; mientras los usuarios que se anuncian en Airbnb no requieren de una licencia –independientemente de los máximos impuestos por las diferentes regiones–, mientras que en el transporte de pasajeros sí que se presume completa profesionalidad.

En un comunicado, Airbnb "celebra la opinión del Abogado General, que ofrece una clara descripción de las leyes que aplican a plataformas de economía colaborativa como Airbnb, y cómo esas leyes ayudan a crear oportunidades para los consumidores". Desde el punto de vista de la tecnológica, "Airbnb crea nuevas oportunidades económicas para millones de europeos y contribuye a un turismo sostenible que pone a las personas en el centro del turismo del siglo XXI".

Esta decisión será de elevada importancia para todos los casos abiertos que Airbnb tiene abiertos en las diferentes geografías. Es el caso de Madrid, donde el gobierno de Manuela Carmena acaba de anunciar su medida para suprimir casi el 95% de las viviendas vacacionales en Madrid. La obligación de abrir una entrada independiente anularía la actividad de la mayor parte de la oferta. Igualmente, este futura sentencia va contra de un litigio iniciado en Francia, pero vinculante a todos los países miembro.

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