El pleno del Ayuntamiento solo tenía que dar su visto bueno a la normativa que pondría –casi en su totalidad– punto y final a la mayor parte de las viviendas de uso turístico en Madrid. El consistorio, liderado por Manuela Carmena ha contado con el apoyo del Partido Socialista para sacar adelante una de las medidas más polémicas de estos últimos cuatro años. Por su parte, Partido Popular y Ciudadanos han puesto su voto en contra; bajo la promesa de que si llegan al poder en las próximas elecciones al Ayuntamiento, retornarán a la situación actual.
El Plan Especial para la regulación del uso terciario en su case de Hospedaje, cita el comunicado del Ayuntamiento, tiene con objetivo preservar el uso residencial del centro de la capital, distribuyendo la actividad económica del turismo a toda la ciudad.
La idea, ya explicada por el Ayuntamiento de Madrid, es crear una suerte de anillos en la ciudad. El conjunto de los tres anillos cubriría todo lo que se encuentre dentro de la M-30. A partir de ahora, todos los alojamientos ubicados en esos anillos deberán contar con un acceso independiente respecto a la comunidad de vecinos. Esta, de hecho, ha sido una de las medidas más polémicas para las tecnológicas –HomeAway y Airbnb serían las dos compañías más afectadas–, puesto que prácticamente reduce su oferta a la mínima expresión en el centro de la capital. Concretamente, esta medida afecta al 95% de las 10.000 viviendas de uso turístico de la capital.
Obligación de contar con una licencia de operaciones, que implica registrar la vivienda como de uso terciario, y tener esta a disposición de los usuarios un máximo de 90 días al año. A propósito de las licencias, el ayuntamiento ha avisado de un refuerzo de los servicios municipales para la caza y captura de aquellas que operan sin los permisos pertinentes.
¿Tienes alquilado un piso en Airbnb? Hacienda lo sabe y quiere que pagues
En este sentido, Airbnb que ya se puso en contacto ayer mismo con el Ayuntamiento de Manuela Carmena para evitar lo que ellos consideran una medida injusta para con sus usuarios alegando a los 800 millones de impacto económico que podría suponer la desaparición de su negocio en Madrid. Igualmente, añaden que la preocupación, por parte del Ayuntamiento por la ausencia de vivienda vacía se sostiene sobre cifras confusas. Solo el 0,4% de la vivienda disponible está dedicada al alquiler vacacional; lo que dejaría 153.100 viviendas vacías para el alquiler ordinario, según las cifras del INE.
Igualmente, en un comunicado de la tecnológica, explican que “han trabajado con más de 500 gobiernos en todo el mundo con el objetivo de proteger el derecho de las familias a compartir su vivienda. La nueva regulación del Ayuntamiento de Madrid es poco clara, injusta e impone requisitos y restricciones desproporcionadas. Airbnb sigue dispuesto a trabajar con el gobierno de la ciudad en una mejor manera de avanzar y colaborar en normas claras que verdaderamente funcionen para todos". Asímismo, Madrid no es la única ciudad en el mundo donde se le ha puesto un límite a la compañía. Barcelona, Baleares e, incluso, Canarias también se han puesto en contra de Airbnb. Amsterdam, con sus 30 días de alquiler máximo al año, París y sus 120 jornadas con licencia o la prohibición total en Berlín son solo algunas de las regiones que se han puesto en la misma línea que la capital española.