Dos senadores de Estados Unidos pedirán formalmente al Gobierno que investigue los lazos que unen a la compañía ZTE con Venezuela y si en el proceso de relaciones comerciales que se encuentran activas actualmente entre ambas partes se ha incurrido en la violación de sanciones por parte de la primera. Será un nuevo movimiento contra una de las compañías que más polémica ha causado en territorio norteamericano a lo largo del último año.

Así lo revela Reuters, que destapaba hace unas semanas la colaboración entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la tecnológica china para desarrollar, entre otras cosas, tecnologías de monitoreo y control de la población. Es, precisamente, esta información la que ha dado pie a los senadores para instar al Gobierno estatal a que lleve a cabo una investigación detallada sobre el comportamiento de la empresa asiática y si este es susceptible de derivar en multas o sanciones adicionales por parte de Estados Unidos.

Firmando la carta se encuentran Chris Van Hollen y Marco Rubio, un demócrata y un republicano, respectivamente, que ya han instigado en el pasado una supervisión férrea sobre ZTE. Será a partir de este momento cuando el Gobierno de Estados Unidos decida si abrir una investigación o no, aunque los recientes sucesos invitan a pensar que, de existir una mínima posibilidad de comportamiento incorrecto por parte de la citada empresa, así será.

Tiempos difíciles para ZTE

Como se comentaba al principio, este ha sido uno de los peores años para ZTE en lo que a relaciones internacionales se refiere, siendo tanto así que los problemas con Estados Unidos provocaron que la compañía cesara temporalmente sus operaciones. La empresa fue capaz de retomar la actividad posteriormente tras haberse reconciliado con Estados Unidos –previo pago de una cuantiosa multa–, aunque continúa sin ser bien vista en el país, de la misma manera que ocurre con Huawei.

De ocurrir la nueva investigación, esta podría suponer una estocada al modelo de negocio de ZTE y problemas para el normal desarrollo de su actividad de imponerles trabas para la adquisición en la compra de componentes utilizados en sus dispositivos, como ha ocurrido anteriormente. Por el momento, la empresa no se ha pronunciado al respecto.