Las cosas se han puesto color de hormiga para el fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

Su abogado Baltasar Garzón ha presentado este viernes en Quito una demanda por "aislamiento y amordazamiento" contra el canciller de Ecuador, José Valencia, y el Procurador, Salvador Íñigo, como representantes del Estado ecuatoriano. La querella busca invalidar el protocolo que la Administración de presidente Lenín Moreno ha implementado desde el fin de semana pasado, que regula sus pronunciamientos políticos, comunicaciones, visitas y chequeos médicos en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde ha estado asilado desde el 2012. La denuncia solicita que los jueces ecuatorianos den una respuesta en un lapso de 48 horas.

"(...) se trata de una actuación unilateral y, desde nuestro punto, arbitraria", dijo Garzón en una conferencia de prensa. "(...) en este protocolo, se contiene una serie de afirmaciones y una serie de términos que son impropios para una situación de buena armonía y una situación de asilo". También criticó que se le obligue a Assange a cuidar las condiciones de salubridad en la embajada por la presencia de su gato, lo que podría derivar "en la terminación de su asilo" de no hacerlo.

En un comunicado, WikiLeaks ha declarado que el Gobierno ecuatoriano “ha violado los derechos y libertades fundamentales” de Assange y ha señalado:

La medida se produce casi siete meses después de que Ecuador amenazó con quitarle la protección y cortó su acceso al mundo exterior, incluso negándose a permitir que periodistas y organizaciones de derechos humanos lo vieran, e instalar tres interceptores de señales en la embajada para evitar sus llamadas telefónicas y acceso a internet.

Según los abogados del australiano, el protocolo “hace que el asilo político de Assange esté supeditado a censurar su libertad de opinión, expresión y asociación”. WikiLeaks también acusa en su texto a Ecuador de haber negado permitir que la asesora general de Human Rights Watch, Dinah PoKempner, lo viera en varias reuniones con sus abogados.

Asimismo, señala que el documento obliga a cualquier persona que desee visitarlo a proporcionar datos privados como sus redes sociales, números de serie y códigos IMEI de sus teléfonos inteligentes y tabletas al Gobierno ecuatoriano, mismos que la Embajada puede compartir con otras agencias, y que, además, puede confiscar la propiedad del activista o sus visitantes sin una orden judicial y entregarla a las autoridades del Reino Unido.

Garzón también destacó que el protocolo no tiene firma, por lo que la demanda presentada este solicita que sea identificada la persona que emitió el documento. También cuestionó que el Gobierno ecuatoriano divulgara documentos personales de Assange y mencionó que la salud del australiano está en un estado precario debido al prolongamiento de su asilo. En otra conferencia de prensa que dio el jueves, calificó de "inhumana" la situación del asilado en la sede diplomática.

A principios del año, la entonces canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa había confirmado que Ecuador le otorgó la nacionalidad al australiano. Pero todo se ha complicado después de haberse revelado el pasado mes de septiembre que, en el 2010, Assange solicitó en secreto una visa a Rusia desde Londres.

Los intereses políticos que hay de por medio

De acuerdo con WikiLeaks, Estados Unidos ha dicho que Ecuador se ha convertido en un "aliado estratégico" bajo el mandato de Moreno y que, a principios de esta semana, los congresistas estadounidenses le enviaron una carta en la que declaran que "para avanzar en asuntos cruciales", primero debe "resolver un desafío significativo creado por su predecesor, Rafael Correa: el estado de Julian Assange".

El medio de filtraciones asegura que ha aumentado la presión para que Ecuador entregue a Assange al Reino Unido, que mantiene una orden de prisión en su contra por haber evadido el arresto domiciliario en el 2012, desde la visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence en junio.

WikiLeaks recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo el pasado mes de julio en el que obliga a Ecuador a proteger al activista australiano de ser extraditado a Estados Unidos, donde podría ser enjuiciado bajo la acusación de haber atentado contra la seguridad nacional del país por la divulgación de documentos clasificados.

"La ONU encontró en 2016 que Assange fue detenido arbitrariamente en la embajada por el Reino Unido, describiendo su situación como 'trato inhumano y degradante'. La acción legal de Assange se produce una semana después de que los jefes de la ONU para la Libertad de Expresión y los Refugiados se reunieron con el presidente Lenin Moreno en Ecuador", indicó WikiLeaks en su comunicado.

Finalmente, señala que el ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien otorgó el asilo político a Assange, dijo la semana pasada que "la administración actual está 'intentando romperlo psicológicamente' y que se había llegado a un acuerdo durante la visita de Pence a Ecuador a principios de este año."