En este date hay muchas posiciones y la mayor parte de ellas están encontradas. Una de ellas es la que afecta a la situación de la actividad de las empresas tecnológicas en España. De forma histórica, la CNMC (Comisión Nacional de Mercados de la Competencia) ha jugado un papel esencial en la defensa de estas compañías. Uno de los guardianes de la actividad de Uber y Cabify en España de forma histórica, sentándose en el banquillo de la defensa cuando el Tribunal Supremo estaba analizando la liberalización del mercado de licencias en el país, también se ha posicionado a favor de la actividad de Airbnb en España.
La mayor compañía de pisos turísticos del mundo, que carece los mismos, se está enfrentando a una batalla que trasciende la dimensión legal del asunto. En este sentido, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en su informe para el tercer trimestre de 2018 también tiene una opinión sobre la influencia de compañías como Airbnb en la economía española.
El interés del regulador de los mercados se centra en una de las cuestiones que más se han comentado en los últimos meses: ¿es Airbnb, y compañías del estilo, el causante directo del aumento del precio de la vivienda en las grandes ciudades? Si bien la CNMC ya se posicionó en contra de este discurso no viendo una relación entre ambas cuestiones, para la CNMV no está la situación tan clara. De hecho, el texto emitido apunta que “el uso vacacional de las viviendas alquiladas ha repercutido significativamente en el alza de los precios de los alquileres”. Indicando, además, que la presencia de las mencionadas tecnológicas han empujado a un gran número de usuarios a la compra de viviendas en vez de los alquileres. Y, por ende, el aumento de precios paulatino en las zonas de mayor influencia.
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Mientras las CNMC propone el fomento de este tipo de pisos turísticos por el acceso de las familias a una nueva vía de ingresos, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha comenzado a regular el negocio de estas compañías. Por un lado, a través de la implantación del impuesto a las tecnológicas y, por otro, delegando el control del número de viviendas a los ayuntamientos. Mallorca, Valencia, Canarias o Madrid serían algunos de los que más duro han tenido que legislar para controlar el número de viviendas que se ofertan en dichas webs.