Los Presupuestos Generales del Estado, o al menos su propuesta para 2019, conforman uno de los mayores debates políticos del momento. Con un Gobierno liderado por el Partido Socialista, pero sin la mayoría necesaria para sacar adelante el texto que conforme la senda económica para el próximo año, los pactos con el resto de grupos políticos se hace más que necesario. Con el visto bueno del líder de Podemos, la más que probable negación de PP y Ciudadanos y la dudosa posición de los partidos nacionalistas, hay un gran número de puntos complejos en la propuesta que se presentará a debate a lo largo de los próximos meses.

Un aumento del Salario Mínimo Interprofesional a los 900 euros, modificaciones en las tasas de cotización de los autónomos, la subida de impuestos, permisos de paternidad o la Justicia Universal han copado la mayor parte de los debates. Sin embargo, en todo este debate sobre el devenir financiero del país en el próximo curso, ¿dónde queda la inversión en I+D+i?

La investigación y el desarrollo es, sin duda, uno de los destinos más polémicos de los Presupuestos Generales del Estado. Un discurso político a favor de la ciencia y la innovación que, por norma general, ha entrado en conflicto con la realidad de los presupuestos destinados a estas secciones. En 2017, el Gobierno liderado por el Partido Popular presumía de aumentar la inversión en I+D, cuando la realidad es que el Gobierno de Mariano Rajoy metía la tijera al CSIC y al Instituto de Salud de Carlos III. El I+D de 2018 no fue por mejor camino el tímido aumento en la inversión del año pasado no era capaz de superar el hachazo a los presupuestos de los cursos anteriores.

La llegada del Partido Socialista al poder en la primavera de 2018 dibujaba un panorama diferente en primera instancia. La elección de Pedro Duque, un perfil no político, para el Ministerio de Ciencia e Innovación apuntaba a un posible cambio para la ciencia en España. Aceptado por la comunidad científica del país por su más que segura intermediación por la ciencia y los presupuestos destinados a ella, tiene el papel de demostrar su poder dentro de la cúpula financiera y política del Gobierno. Durante la campaña política de diciembre de 2015, que terminó dando el poder al grupo político del Partido Popular, Sánchez defendía "su compromiso con la ciencia" como un mecanismo "para el impulso del avance social y económico del país".

En este sentido, lo que de momento solo se posiciona como una propuesta para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado ha adelantado un ligero aumento en las partidas para Ciencia y el I+D+i. Concretamente de un 6,7% más respecto al año pasado solo en el ámbito civil. Lo que quiere decir que a los 393,7 millones de euros se le suman otros 85 millones. Para la Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, este anuncio supone una buena noticia para el global del sector científico del país, pero genera otra serie de dudas: “Falta información respecto del uso específico que se le va a dar a ese presupuesto y cómo se va a instrumentar”. Es decir, no se aclara en ningún momento si habrá presupuesto para aquellas políticas fiscales que fomenten el I+D+i a través de bonificaciones o deducciones.

Ya en 2015, Pedro Sánchez ya apuntaba a la necesidad de repatriar al personal científico expatriado. La propuesta para los nuevos PGE de 2019 incluye una partida par el aumento de las becas predoctorales en 300 plazas, además de 300 contratos postdoctorales. Sin especificar ningún detalle sobre repatriaciones, esto supondrá un aumento del 21,6% de la partida destinada a este efecto. Para Alicia Richart, de DigitalES, “un aumento del 21,6% del presupuesto parece a priori una buena noticia, pero el impacto que ello tenga de cara a estimular la I+D+i empresarial va a estar condicionado por las convocatorias de ayudas para proyectos de I+D+i y por las medidas concretas para facilitar la contratación de investigadores con cargo a ellos”, por lo que, en este sentido, “es muy necesario adoptar medidas adicionales de carácter no presupuestario que simplifiquen los procesos administrativos y faciliten la obtención de cualquier incentivo al I+D”.

Sin embargo, el proyecto de choque para la recuperación del personal perdido por lo recortes, que incluye una "relajación de los límites de incorporación del personal de investigación", seguirá teniendo la patata caliente de los contratos de los jóvenes investigadores y su consulta ante la justicia europea sobre la mesa.

Igualmente se prevé la creación del Estatuto del Personal Investigador en Formación incorporando las reivindicaciones de los colectivos de investigadores predoctorales, en particular las relacionadas con el salario mínimo, la indemnización al final del contrato, reconocimiento en los convenios colectivos.

La tasa digital: otro bache en el camino

Mientras la propuesta para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 se debate entre los diferentes partidos de la Cámara, el global de la esfera emprendedora del país se fija el otro de los movimientos del Partido Socialista.

A debate la aprobación de un anteproyecto de ley para crear la tasa digital a los servicios digitales en España. Una estrategia que ya intentó llevar a cabo el anterior Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ahora está a punto de ver la luz de la mano de María Jesús Montero. La tasa que pretende grabar los ingresos, y no los beneficios, de las compañías tecnológicas ya tiene retractores. No solo las compañías afectadas por dicha tasa han manifestado su negativa al impuesto sobre los ingresos. En este caso, la Asociación Española de Startups ya ha declarado que este mecanismo supone "un torpedo en la línea de flotación del ecosistema de startups". La instauración de la tasa que, según la Asociación, solo tiene un afán recaudatorio, supone un freno para la innovación y la digitalización que entraría en conflicto con las buenas intenciones declaradas en los posibles Presupuestos Generales del Estado para 2019.