Ciudadanos ha presentado esta mañana en el Congreso una proposición de ley orgánica para reformar el Código Penal con el objetivo de luchar contra las pseudoterapias. "No existe reproche o sanción penal alguna a la difusión pública de información falsa o no contrastada sobre métodos terapéuticos no evaluados ni autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, destinados al tratamiento de enfermedades oncológicas u otras enfermedades graves potencialmente letales", sostiene la exposición de motivos del documento.
"No queremos que haya más personas con enfermedades graves que pierdan la vida por buscar soluciones en las pseudoterapias", ha explicado Francisco Igea, diputado por Ciudadanos y portavoz de Sanidad en el Congreso. La presentación de la iniciativa llega días después de que un médico denunciase la muerte de una mujer con cáncer de mama tras tratarse supuestamente con un curandero. En opinión de Igea, "las sanciones administrativas son insuficientes y los delitos por intrusismo laboral de quienes practican las pseudoterapias son muy difíciles de probar". El diputado ya había adelantado la idea en una entrevista concedida a Diario Médico en febrero.
Su proposición plantea la reforma del artículo 362 del Código Penal añadiendo un tercer apartado a su redacción. Este artículo contempla la pena de prisión de seis meses a cuatro años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años. La iniciativa de Ciudadanos contempla que el sujeto activo del nuevo ilícito penal fuera la persona física "que realice la conducta considerada como delito, la difusión pública de la información terapéutica falsa". El sujeto pasivo, según su propuesta, sería "la colectividad, titular del bien jurídico protegido o puesto en peligro, la salud pública".
Requiere contar con mayoría absoluta en el Congreso
Hasta la fecha, la difusión o práctica de las pseudociencias no era considerado delito en España. Para que la iniciativa de Ciudadanos saliera adelante, necesitaría contar con la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, al tratarse de una modificación de una Ley Orgánica, según lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución. La propuesta de redacción del nuevo apartado, de acuerdo con la iniciativa de Ciudadanos, sería el siguiente:
Quien difunda públicamente información falsa o no contrastada sobre métodos terapéuticos no evaluados ni autorizados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, destinados al tratamiento de enfermedades oncológicas u otras enfermedades graves potencialmente letales, que alienten posibilidades de curación no sustentadas en estudios científicos contrastados, siempre que aboquen al paciente o pacientes al abandono de tratamientos con eficacia clínica probada y evidente probabilidad de éxito en la curación de ésta.
Para la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (APETP), la propuesta es "muy positiva" aunque cuenta con un margen de mejora. "La redacción parece vincular la comisión del delito al hecho de que el paciente abandone efectivamente el tratamiento, lo cual implica que queden impunes aquellos casos en los que no se produzca este resultado", opina la entidad.
Según un comunicado al que ha tenido acceso Hipertextual, la asociación pide que la proposición impulsada por Ciudadanos no solo contemple las enfermedades más graves como el cáncer, recordando "los casos de charlatanes que invitan a diabéticos a abandonar la insulina y consumir en su lugar hojas de stevia".
En opinión del abogado penalista José María de Pablo, "la reforma es adecuada, y responde a la proliferación de este tipo de terapias alternativas sin respaldo científico". "Por la redacción del artículo, parece que la clave estará en el elemento del engaño. Es decir, para que se produzca el delito habrá que probar que esa información sobre terapias alternativas ha producido un engaño suficiente en el paciente, haciéndole abandonar un tratamiento médico, así como un grave daño para su salud y/o su vida", explica el profesor de Derecho de la Universidad de Navarra.
