Los rumores empiezan a tomar forma en la zona regulada por el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno, presidido por Manuela Carmena, tiene el objetivo hacerse con la competencia vinculada a la regulación de las licencias VTC en la capital. Esos permisos que regulan y controlan la actividad de los vehículos asociados a Cabify o Uber.
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La postura del consistorio radica en la sentencia del Tribunal Supremo referente al volumen de licencias que pueden o no circular. Según el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres(ROTT), en su reforma de 2015 y 2017, y aceptado por los jueces como válido (en contra del posicionamiento monopolístico de la misma de la CNMC), el volumen de licencias debe ser de 1/30. Es decir, por cada 30 taxis una licencia VTC. A uno de junio de este mismo año existen 15.484 licencias de taxi en la capital según cifras oficiales del Ministerio de Fomento; de cumplirse la norma, solo deberían circular una media de 516 licencias VTC. La realidad es que la suma asciende a 3.927 actuales.
La Comisión de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid ha comunicado que se pondrá en contacto con Fomento para tomar medidas respecto a la situación de la capital. El objetivo, según el consistorio, sería el de alcanzar un modelo que garantice y regule el sistema de licencias urbanas. O dicho de otro modo: que el Ayuntamiento tenga la potestad de controlar estos permisos al igual que hace con los taxis.
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¿Cómo hacer esta implementación? El Gobierno de Podemos de la capital lo ha definido como "licencia urbana". Sería, en términos generales, un proyecto similar a de Ada Colau en el área metropolitana de Barcelona. Un texto preliminar, aprobado bajo el marco de la celebración del Mobile World Congress de 2018, y que si todo va como lo esperado tendrá el ok definitivo a lo largo de la semana que viene. En dicho texto, la propuesta de Colau apunta a la creación de una licencia adicional para los permisos VTC que sí cumplen los parámetros de la normativa 1/30. A través de un sorteo que habrá de decidir quién opera y quien no, la Ciudad Condal daría por zanjado el problema del exceso de licencias VTC. En este sentido, no está del todo claro cómo procederá la capital en cuanto a la regulación de las licencias.
No era una sorpresa en el sector el hecho de que Carmena daría luz verde a un proyecto similar. Mariano Silveyra, General Manager de Cabify para Europa, explicaba a Hipertextual que estaban en conocimiento de "negociaciones y acuerdos que perjudican directamente a Cabify. En Barcelona se va a aprobar un reglamento que nos va a perjudicar, el cual tendrá réplicas en otros Ayuntamientos. En Valencia y Sevilla están en la misma línea y Madrid también". Dicho y hecho. Asumen que, tal y como está su relación con el partido de Pablo Iglesias, las reformas aplicadas a compañías como Uber y Cabify tendrán un carácter 100% restrictivo:
"Con el tema del Gobierno estamos muy preocupados. El anterior (Partido Popular) nos lo puso muy complicado, y este que es declarado no pro-Cabify nos da miedo especialmente por la estrategia que llevan. Al final nosotros pagamos los platos rotos".
Hay que recordar, además, que la relación entre Cabify y Podemos (tanto a nivel local, como nacional) no pasa por su mejor momento. Justo este viernes, 22 de junio, ambos protagonistas tienen cita en los juzgados para un encuentro amistoso que vendrá a poner solución a la cuestión de los comentarios que Podemos ha realizado sobre Cabify durante meses.
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Tras la aprobación de la reforma que blinda el ROOT, el visto bueno del Tribunal Supremo dejando en segundo plano la posición de la CNMC y las normativas que tienen previsto aprobarse en los diferentes ayuntamientos, la situación no podría pasar por mejor momento para el sector del taxi. De hecho, una reunión, celebrada el lunes entre diferentes gremiales del taxi (entre las que se encuentra Elite Taxi) solicitaban precisamente las licencias urbanas.
Según Nacho Castillo, conocido como Peseto Loco y miembro del sector conocido como "la policía del taxi", argumenta que "ahora mismo estamos en un marco político ideal para apretarles las tuercas aun más si cabe a los políticos". El cambio de Gobierno, la mezcla política actual y unas posibles elecciones dibujan una situación en la que todos "quieren favorecer al taxi y se muestran abiertos", añade. En el caso de Caracol y Elite Taxi, ya se han sucedido "entrevistas con todos, salvo con Ciudadanos, que no han querido por su posición de libre mercado, y todos se han mostrado proclives a solucionar esto".