El Parlamento europeo ha hecho pública la Directiva 2018/843 sobre un asunto crucial, que se venía debatiendo en el seno de los estados y en la propia cámara europea, en lo relacionado con los cambios que están sufriendo los delitos de blanqueo de capitales la proliferación de nuevas tecnologías. Técnicamente, esta nueva directiva viene a modificar las anteriores que apuntalaban los centro neurálgicos sobre la financiación del terrorismo y los delitos de blanqueo (2009/138/CE y 2013/36/UE)

Lo interesante de este asunto tiene que ver con la inclusión de un nuevo vehículo de blanqueo y financiación del terrorismo al que la propia Unión hace extensivo con esta modificación y que, de un tiempo a esta parte, está en boca de todos: las criptomonedas y monedas virtuales. La idea no solo es dotar de mayor trasparencia a las transacciones, algo que ya venía haciendo la regulación anterior, sino la de poner especial foco en la prevención de estas conductas ilícitas.

Y es que según expone el Parlamento Europeo en la expsición de motivos de la directiva, el anonimato de las monedas virtuales permite su posible uso indebido con fines delictivos, por lo que la cámara europea ha querido incluir este tipo de vehículos financieros en su lista de vigilancia para la prevención del blanqueo de capitales y el terrorismo, con especial hincapié en los proveedores de servicios de cambio de monedas virtuales por monedas fiduciarias (los que permite intercambiar divisas reales por virtuales) y en los proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos.

Según la directiva, la simple vigilancia de estos dos actores del mercado de las criptodivisas "no resolverá totalmente la cuestión del anonimato asociado a las transacciones con monedas virtuales, al mantenerse el anonimato en gran parte del entorno de la moneda virtual. Por ello, lo que se pretende con la directiva es dar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados herramientas que permitan asociar las direcciones de las monedas virtuales a la identidad del propietario de la moneda virtual, básicamente, limitar el anonimato de estas herramientas cuando se quiera luchar contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

Además, el Parlamento Europeo quiere que los estado se aseguran de que se pone especial detalle en analizar las propias transacciones, obligando a que sean los propios usuarios los que efectúen, con carácter voluntario, una autodeclaración a las autoridades designadas, en el caso de España, a la Agencia Tributaria.

Es interesante tener en cuenta que la directiva no viene a luchar contra el dinero electrónico ni tampoco con los que se usan en comunidades reducidas, como por ejemplo los que se usan en algunas ciudades como proyecto piloto o las que se usan en algunos parques de atracciones, como por ejemplo en los de Disney:

"Las monedas locales, también conocidas como monedas complementarias, que son utilizadas en redes muy limitadas, como una ciudad o una región, o por un grupo pequeño de usuarios no deben considerarse monedas virtuales."

De momento, la parte más relevante de la directiva tiene que ver con la autodeclaración que deberán hacer los usuarios que hacen transacciones en monedas virtuales y la obligatoriedad para los proveedores de estos servicios de notificar a las autoridades competentes toda la información del usuario. En este sentido, todavía queda por ver cómo afrontarán los estados esta cuestión, pero sin duda es un primer paso para poner coto a algunos usos de las criptomonedas.