Una de las patatas calientes del nuevo responsable de la ciencia en España, el astronauta Pedro Duque, será solventar los problemas con los contratos predoctorales. Esta figura, creada por la Ley de la Ciencia de 2011, comenzó a aplicarse dos años después para contratar a los jóvenes investigadores que realizan la tesis doctoral. Hace unos meses el Gobierno cambió de forma retroactiva y sin aviso los códigos de los contratos predoctorales, una medida que rectificó semanas después por las protestas de los afectados. Pero la polémica, lejos de resolverse, continúa.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha elevado una cuestión prejudicial sobre esta modalidad contractual al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Su origen es una demanda de conflicto colectivo presentada por Comisiones Obreras de Galicia. Según ha podido saber Hipertextual, el sindicato interpuso la demanda por la situación en la que se encontraban algo más de una decena de científicos, contratados bajo esta figura, que realizaban la tesis doctoral en la Universidad de Santiago de Compostela y que no recibieron indemnización cuando terminó su relación laboral. El dictamen del TJUE ayudará a despejar la incógnita sobre si los investigadores tienen o no derecho a la indemnización, una de las controversias más importantes de los contratos predoctorales. Es la primera vez que se eleva una cuestión prejudicial al TJUE sobre esta materia.
¿Los contratos predoctorales tienen indemnización?
Según explica a Hipertextual Ignasi Beltrán, profesor de Derecho del Trabajo en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la cuestión prejudicial "se enmarca en la controversia del caso Diego Porras". El TJUE dictaminó en 2016 que una trabajadora debía ser compensada por la finalización de su contrato de interina con la misma indemnización que hubiera recibido si hubiera sido indefinida y su contrato hubiera terminado por causas objetivas.
Recientemente, la Gran Sala corrigió la doctrina adoptada dos años atrás. El TJUE cambió de parecer al asumir la tesis de la Abogada General en los casos de Lucía Montero Mateos y Grupo Norte Facility: los contratos temporales no son plenamente iguales a los indefinidos; hay unas diferencias de expectativas entre unos y otros, lo que justificaría que las indemnizaciones no sean totalmente equivalentes. Tras resolver las dos últimas sentencias, el Tribunal europeo tendrá que estudiar el resto de cuestiones prejudiciales que tiene sobre la mesa —más de una decena—, incluida la de los predoctorales.
"Cuando el TSJ de Galicia plantea la cuestión prejudicial en relación a los contratos predoctorales tiene obviamente una repercusión importante porque implicaría que se les tendría que abonar una indemnización en caso de extinción", explica Beltrán por teléfono. "Pero es importante porque tiene que ser una extinción ajustada a Derecho", matiza. "Habría que ver si efectivamente se entiende que las condiciones son distintas entre temporales e indefinidos, seguramente los trabajadores predoctorales no cobrarían veinte días, pero entonces se plantearía si podrían cobrar doce", sostiene.
"Si se reconocen los doce o los veinte días claro que tendría un impacto", prosigue Beltrán, quien resalta que "es arriesgado aventurarse a decir qué puede pasar" con la cantidad de cuestiones prejudiciales que tiene pendientes el TJUE. No obstante, según Beltrán, "las particularidades del contrato predoctoral, como el hecho de que sea en investigación para hacer la tesis" también pueden hacer que el TJUE entienda "que la respuesta dirigida a estos trabajadores no es equiparable a la del resto de contratos temporales". El dictamen de la Justicia europea podría tardar un año y medio, calcula el profesor de la UOC, teniendo en cuenta el ritmo de respuesta en este tipo de cuestiones.
El estatuto aún no se ha puesto en marcha
Los jóvenes investigadores son contratados bajo esta figura desde 2013, cuando comenzó a aplicarse la Ley de la Ciencia de 2011. Esta normativa incluyó una histórica reivindicación de la comunidad científica al transformar las antiguas becas en contratos de cuatro años. Su situación mejoró entonces de forma sustancial —ya que los investigadores que realizaban la tesis doctoral empezaron a cotizar a la Seguridad Social y a disfrutar de la prestación por desempleo— pero no se resolvió por completo.
El Ministerio de Empleo cambió hace algo más de un año los códigos de los contratos predoctorales de forma retroactiva y sin aviso, una medida que dejó a miles de científicos sin la posibilidad de solicitar la tarjeta sanitaria europea para realizar las estancias de investigación. El Gobierno rectificó ante el escándalo generado, pero la medida destapó un problema mucho más grave: las irregularidades en los contratos predoctorales —en las universidades y en los organismos públicos de investigación circulaban diversos modelos de contratos con cláusulas y nombres variados— y la falta de una normativa que desarrollase lo dispuesto en la legislación —el llamado Estatuto del Personal de Investigación en Formación (EPIF). Según la Ley de la Ciencia, dicho estatuto debería haberse puesto en marcha como máximo en 2013.
El Gobierno cambia de forma retroactiva y sin aviso los contratos de miles de científicos
Tras la polémica por el cambio de código, el Congreso de los Diputados pidió por unanimidad al Ejecutivo el desarrollo de esta modalidad contractual. La Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, dirigida entonces por Carmen Vela, convocó en julio de 2017 a las asociaciones de científicos con contratos predoctorales y a los sindicatos para poner en marcha una ronda de negociaciones sobre el EPIF. "A raíz de la rectificación del Ministerio de Empleo, conseguimos una pequeña victoria. Pero la redacción del Estatuto debería haberse hecho en 2011. Llevamos siete años sin un documento que regule nuestras condiciones laborales", critica Pablo Villegas, portavoz del colectivo Dignidad Predoctoral.
Una fuente de la anterior Secretaría de Estado comentó a Hipertextual que se llevaron a cabo tres reuniones entre ambas partes (julio y noviembre de 2017, abril de 2018) antes de abrir a consulta pública el estatuto. El equipo de Vela confiaba en llevar el documento al Consejo de Política Científica y Técnica, al Consejo de Estado y, superada la tramitación, al Consejo de Ministros, con el objetivo de que estuviera en marcha "antes de verano". La moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy ha trastocado sus planes, dado que Carmen Vela no sigue al frente de la investigación en España y el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría no asumir los términos del documento. El proyecto de EPIF establece un sueldo mínimo de 16.422 euros anuales (algo más de mil euros brutos al mes) y la posibilidad de impartir docencia hasta un máximo de 240 horas durante todo el período de la tesis.
Los afectados, sin embargo, no están contentos con el resultado de las negociaciones. Villegas asegura a Hipertextual que pidieron la inclusión del derecho a indemnización tras la finalización del contrato y que la carga docente fuera de 180 horas como máximo. Su organización también reclamó un cambio en los criterios exigidos por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la posibilidad de reconvertir el último año de contrato predoctoral en postdoctoral en el caso de que se hubiera leído la tesis antes de tiempo. Uno de los últimos borradores, según denunciaron, tumbó sus reivindicaciones hasta el punto de llevar las negociaciones al punto de partida. No obstante, Pablo Villegas reconoce avances como la equiparación con el Grupo 1 del personal laboral de la tabla salarial del Convenio Único de la Administración General del Estado.
El texto del EPIF ha sido ampliamente discutido en el seno de otros colectivos como la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), Comisiones Obreras, UGT y CSIF. Alberto Martín, de Comisiones Obreras, explica a Hipertextual que la versión pactada "recoge muchas mejoras, que esperan que se mantengan", aunque no estén incluidas todas las reivindicaciones. Entre las peticiones económicas plasmadas en el borrador, Martín destaca "un sueldo de referencia único para todo el país, un sueldo mínimo y la actualización anual del salario". Según un portavoz ministerial del antiguo equipo de Vela, el proyecto del EPIF "no trata el tema de la indemnización, ni en positivo ni en negativo". Esta es, posiblemente, una de las cuestiones más espinosas que la anterior responsable de I+D ha dejado en el aire y que deberá afrontar ahora el nuevo ministro de ciencia Pedro Duque, ya que la medida afecta a miles de jóvenes investigadores.
Las irregularidades de los contratos predoctorales
Los juristas consultados por Hipertextual no se ponen de acuerdo sobre la posibilidad de que los científicos con contratos predoctorales tengan derecho a indemnización. Por un lado, Adrián Todoli, profesor de Derecho del Trabajo de la Universitat de les Illes Balears, y los abogados laboralistas Fabián Valero o Pere Vidal han defendido que esta modalidad contractual sí podría incluir una indemnización, en línea —a su juicio— con la descripción de "contrato de duración determinada" que realiza la propia Ley de la Ciencia en su artículo 21.
Por otro lado, Josep Moreno i Gené, profesor de Derecho del Trabajo en la Universitat de Lleida, y Cristobal Molina, catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad de Jaén, han rechazado esta posibilidad. Para estos juristas se trata de contratos “con carácter formativo”, una consideración que eliminaría, en su opinión, la posibilidad de que tuvieran derecho a indemnización. No obstante, un buen número de contratos predoctorales firmados en los últimos años incluyen cláusulas específicas que reconocen el derecho a la indemnización, aunque la situación legal no esté clara.
Según ha podido saber este medio, las universidades y los organismos públicos de investigación —incluso algunos de los que se comprometieron a abonarla— no están pagando la indemnización a los afectados una vez finalizado el contrato. La excepción es la Universidad de la Rioja, cuyo rector prometió el año pasado hacerse cargo de las indemnizaciones por finalización del contrato. Hipertextual ha podido confirmar que la institución académica riojana sí está pagando la compensación a los afectados. Un portavoz de la Universidad de la Rioja comenta que su compromiso continuará "mientras se mantenga la actual legislación", lo que en su caso afecta a 47 investigadores.
La puesta en marcha del ansiado Estatuto es una de las tareas pendientes que tiene que abordar Pedro Duque en esta nueva etapa al frente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, junto con la que será su número 2, Ángeles Heras. Las posturas de los diferentes colectivos que participaron en las negociaciones son llamativamente distintas. Alberto Martín, portavoz de Comisiones Obreras, señala que el proyecto actual de EPIF "no es lo ideal, pero la mejora es considerable sobre la situación actual". Por su parte, Villegas asegura que los afectados "están expectantes". "Esperamos que no aprueben el actual borrador", afirma por teléfono, además de pedir al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "más sensibilidad" y que "abran las negociaciones" para volver a discutir las condiciones de un estatuto que llega con mucho retraso.