Susan Fowler logró visibilizar una constante de acoso sexual en Uber, que la empresa realizara una investigación interna y que, como consecuencia, Travis Kalanick dejara su puesto como CEO de la compañía para dejar vía libre a Dara Khosrowshahi. La ex ingeniera de la plataforma fue un parteaguas al denunciar casos de acoso sexual y sexismo en un blog personal. De esta manera, Fowler se enfrentaba con el procedimiento de una empresa que quería silenciar estos casos y, más de un año después de que su caso saliera a la luz, su lucha por lograr procesos justos en las compañías sigue siendo lo más importante.
Junto con la asambleísta de California Lorena González Fletcher, la Federación Laboral de California y el Instituto de Política Económica, Susan Fowler ha apoyado una nueva legislación que podría ser un antes y un después en el manejo de las denuncias de acoso o discriminación en las empresas.
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El proyecto de ley AB-3080 pretende acabar con una práctica que sufrió la ex ingeniera de Uber en la plataforma y que es común en otras compañías. Los acuerdos de arbitraje son la manera de que las denuncias de empleadas no se hagan públicas y de que los problemas se arreglen de puertas adentro. Pero ¿por qué es tan importante esta ley y que implicaría su aprobación y puesta en práctica?
Cuando Susan Fowler empezó a trabajar en Uber, no era consciente de que en el contrato que había firmado la obligaban a atenerse a un arbitraje en el caso de que tuviera cualquier problema. Según afirmó la ex ingeniera, esta es una manera de "no hacer justicia". Este proceso se basa en que una tercera persona se convertiría en el "árbitro" ante una denuncia de un trabajador. Normalmente, la propia empresa es la que paga esta gestión del conflicto y el objetivo es que el caso sea completamente confidencial y que no salga de las oficinas. En la mayoría de los casos, la cláusula también prohíbe a los empleados denunciantes que expongan su caso ante la justicia o que participen en una demanda colectiva.
De esta manera, las compañías que implementan esta estrategia consiguen que los problemas nunca salgan a la luz y, de la misma manera, que no tengan que dar explicaciones ante la justicia. Lo que pasa en la empresa, se queda en la empresa. "El arbitraje forzado priva a los empleados de sus derechos constitucionales y obliga a los empleados que han sido tratados de forma ilegal a guardar silencio sobre lo que han experimentado", escribió Fowler en la demanda con la que pretende acabar con esta práctica.
Es completamente en interés de la empresa y no del empleado. Evita que el hostigamiento, la discriminación, las represalias y otros tratos ilegales que los empleados hayan experimentado se vuelvan públicos y, al hacerlo, continúa y respalda nuevos malos tratos y comportamientos ilegales.
El principal cambio que supondría la nueva regulación es acabar con la obligación de los trabajadores de atenerse al arbitraje para solucionar problemas internos en la compañía. En el documento del proyecto de ley AB-3080 se pone de relieve que los empleados no deben ser amenazados si deciden no seguir con el proceso de arbitraje y que en ningún caso la compañía debe tomar represalias.
El punto medio que propone Fowler es un camino entre una demanda y el arbitraje, el cual puede ser una opción para algunas personas siempre y cuando estén de acuerdo. Sin embargo, para llegar a este punto es necesario que el proceso en el que terceras personas lidian con un problema interno no sea la única opción para solucionarlo.
El arbitraje para esconder el acoso y la discriminación
La opinión de las organizaciones que optan por esta táctica es que ayuda a gestionar de manera más rápida los conflictos internos al no tener que verse envuelto en pleitos largos y costosos. Para la empresa puede resultar ventajoso pero sin duda no lo es para las víctimas de acoso sexual y discriminación, quienes se enfrentan a procesos confidenciales. Por este motivo, apunta la ingeniera, la cultura del acoso se arraiga y se convierte en algo común en las compañías, porque nunca se ha hecho público ningún caso que pueda servir de precedente para evitar futuros problemas en este ámbito.
Susan Fowler no supo de la existencia de estas prácticas empresariales hasta que las sufrió en sus propias carnes. Ahora, señaló que quiere "hacer todo lo posible para evitar que lo que me sucedió en Uber le suceda a cualquier otra persona".
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Además de apoyar la iniciativa de ley que podría poner fin a los procesos de arbitraje, también se ha encargado de alertar a los trabajadores de que están sujetos a estas condiciones en sus contratos aunque la mayoría no son conscientes. "Probablemente no te diste cuenta de que firmaste este derecho porque el lenguaje utilizado en los acuerdos de arbitraje forzoso está lleno de jerga legal tan pesada que necesitas un título en derecho para entender lo que significa todo".
La ley propuesta se revisará públicamente y, posteriormente, pasaría al Senado para luego ser presentada ante el gobernador de California. A pesar de que esta iniciativa se aprobaría solamente en ese estado, este podría ser el principio de otras medidas para llegar al mismo punto en otras partes tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
La importancia del proyecto de ley radica en acabar con una metodología común en muchas empresas que han permitido durante muchos que casos de discriminación y acoso se silenciaran. Ahora, el auge del movimiento #MeToo y otras campañas buscan precisamente todo lo contrario: que se visibilice cada vez más estos casos y que se denuncien para obtener justicia. Y eso empieza por señalar a las empresas que permiten este tipo de conductas.