Uber no se queda de brazos cruzados. La plataforma recurrirá ante el Tribunal Supremo los requisitos impuestos por el Ministerio de Fomento para las empresas de alquiler de vehículo con conductor (VTC). Estos requisitos fueron aprobados el pasado mes de diciembre a través de un Real Decreto para facilitar la convivencia entre el sector del taxi y estos servicios de transporte privado, aunque prohibe a las compañías VTC a vender licencias durante los dos años simiente a su consecución y obliga a crear un registro público de todos los servicios que se lleven a cabo.

Mientras que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, alertó que no se respondería a la petición para derogar estas nuevas formas y que actuaría "en defensa de las medidas aprobadas por Real Decreto, al considerar que no vulnera norma alguna de competencia", la nueva normativa será también recurrida ante el Alto Tribunal por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), informó Europa Press.

La comisión señaló al Ministerio de Fomento que tenga en cuenta el recurso de Uber para impugnar la normativa y así evitar acudir al Supremo. El Real Decreto aprobado en diciembre "restringe la competencia de forma injustificada" y que perjudica a los usuarios, según la CNMC. Por su parte, la organización de los taxistas en España Fedetaxi, la cual se personó en el proceso, comunicó que "defenderá la legalidad de las medidas antiespeculación".

Uber ha recurrido dos capítulos de la nueva normativa. Uno de ellos prohibe a la plataforma a comerciar con licencias VTC durante dos años. El segundo obliga a la empresa a crear un registro donde se faciliten los datos de todos los viajes realizados. Para lograr acabar con la disputa legal, Uber ha pedido que se tomen medidas cautelares contra el Real Decreto y que se suspenda hasta que se celebre un juicio y se dicte sentencia.

Fedetaxi tiene hasta el 16 de marzo para contestar a la petición.

De esta manera, se ha iniciado un nuevo conflicto para Uber en España, después de Uber y la CNMC demandaran ante el Tribunal Supremo el Real Decreto aprobado en 2015 que limita el número de licencias de VTC a un máximo de una por cada treinta taxis. Este recurso todavía está por resolver y el Supremo ha fijado la vista para el 17 de abril.

El Gobierno aprobó estas medidas de la mano del Ministerio de Fomento después de los diversos conflictos entre las plataformas como Uber y los taxistas, quienes realizaron diversas huelgas para protestar contra un servicio que afirman que potencia la competencia desleal. El conjunto de medidas pretende "mejorar la regulación en el sector del alquiler de vehículos con conductor y asegurar, así, su convivencia ordenada con el del taxi", según el texto.

El Real Decreto, que entró en vigor el pasado 29 de diciembre, no han sido buenas noticias para Uber y Cabify pero tampoco se ha considerado una buena decisión según el sector del taxi. Elite Taxi explicó que uno de los motivos por los cuáles no apoyan esta nueva normativa es porque las medidas intentan evitar la especulación de las personas jurídicas, y no tanto la de las personas físicas. Esto implica que los particulares puedan seguir "vendiendo participaciones de la empresa a terceros sin ningún pudor ni control", agregó.

Con el recurso de Uber, se aumenta la tensión y los conflictos para un Real Decreto que, aunque busca poner fin a los conflictos en el sector, está causando más problemas que otra cosa.