En primer lugar, porque los registros y las informaciones publicadas hasta ahora muestran lo que todos temíamos: que es un caos. A poco más de seis meses del sismo del 19 de septiembre, muchas personas no han podido regresar a sus hogares. De las 60.000 viviendas completamente dañadas en el país, solamente se han registrado 2.000 totalmente reconstruidas.
Este viernes 30 de marzo se iniciarán las campañas electorales en México antes de las elecciones presidenciales el próximo 1 de julio. Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade se disputarán el camino a la presidencia durante los próximos tres meses.
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En sus primeros spots electorales, los políticos han empezado a mostrar sus promesas para el próximo sexenio, haciendo hincapié en el combate a la corrupción. La impunidad, el narcotráfico y la inseguridad serán uno de los principales retos del próximo presidente de la República. Sin embargo, las estrategias para la reconstrucción del país después de los diferentes temblores que han sacudido México en 2017 y a principios de 2018 parecen estar en un segundo plano en los inicios de las campañas.
Andrés Manuel López Obrador, fundador del partido Morena, prometió que su administración destinaría más recursos a los damnificados a nivel nacional, además de ayudas para construir viviendas y apoyos para pagar créditos que permiten hacer frente a los gastos de las víctimas de los terremotos.
A pesar de las medidas propuestas, ningún candidato ha hecho hincapié en la gestión de estos recursos. Diferentes asociaciones y organizaciones han señalado el retraso de los planes de reconstrucción. La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, admitió este problema y explicó que el proceso incluyó a cuatro administraciones de recursos del Gobierno federal y de los estados, los cuáles fueron enviados de manera paulatina. "En algunos casos los recursos de los estados apenas están llegando, y esto ha implicado que el proceso vaya con la lentitud de los recursos que se están otorgando", añadió.
Las ayudas vinieron a través de unas tarjetas entregadas por el Gobierno para ayudar a los damnificados. Hasta ahora, Robles afirmó que 56.000 víctimas de daño total en sus viviendas ya recibieron sus tarjetas, mientras que alrededor de 2.900 no las han recibido todavía. Y hasta ahí llega la responsabilidad del Gobierno: "al entregar la tarjeta la gente nos firma una carta compromiso en la que se compromete a aplicar esos recursos en la autoconstrucción de su viviendas o en la opción de trabajar con alguna de las empresas que nosotros les hemos puesto a su disposición".
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Sin embargo, la titular de la Sedatu no dio más detalles sobre los hackeos a estas tarjetas con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y distribuidas por el Banco Nacional de Servicios Financieros (Bansefi). Una investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirmóa principios de año que los plásticos fueron blanco de hackeos cibernéticos que provocaron la pérdida de millones de pesos.
La Comisión destacó que "la falta de capacidad para detectar y bloquear transacciones de tipo fraudulentas". Por su parte, Bansefi negó las acusaciones y afirmó que todos los recursos habían llegado a sus destinatarios.
Proceso lento
Los estado con el mayor número de viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue Oaxaca, donde se contabilizaron alrededor de 65.000 edificios afectados, seguido de Chiapas, Estado de México, Guerrero, Puebla, Morelos y la Ciudad de México.
No obstante, los datos exactos sobre las viviendas reconstruidas y los fondos entregados son muchos e inexactos. Así, es difícil identificar los avances y los retos a seis meses del fuerte temblor. Por otro lado, los últimos sismos y las réplicas registradas el pasado mes de febrero volvieron a afectar algunas de las zonas que todavía están siendo reconstruidas, o que se encuentran en este proceso.
La organización Save The Children publicó un informe este mes de marzo en el que identificaron algunos de los problemas que se han reportado hasta la fecha en cuanto a la reconstrucción. Según afirmaron, muchos niños de estados como Oaxaca y el Estado de México siguen viviendo en espacios hacinados porque sus viviendas todavía no han sido reconstruidas y acuden a escuelas temporales hasta que los edificios no supongan un riesgo.
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Según datos de la organización, el 28.8% de las viviendas y el 66% de las escuelas en el país están siendo reconstruidas, una cifra diferente a la que han compartido las autoridades hasta el momento. Por otro lado, habitantes de Oaxaca denunciaron a Save The Children que sus casas todavía no fueron incluidas en el censo y que, por lo tanto, no han recibido ayudas. Por ejemplo, en el Istmo de Tehantepec, "las familias afectadas por el sismo del 23 de septiembre no obtuvieron el censo de sus casas; hay casos de tarjetas con apoyo del gobierno clonadas y condicionamiento por parte de las autoridades para proporcionar ayuda".
En la rueda de prensa en la que presentaron el informe, la organización pidió a las autoridades que transparenten los recursos y que no descuiden la labor de la reconstrucción porque, según señalaron, desde que ha empezado el período electoral se han dejado de lado los planes de ayuda a los damnificados por los sismos de 2017 y 2018.
Los datos oficiales y los de las organizaciones se juntan en una masa de información sobre uno de los problemas latentes de México. Ante las elecciones que designarán al próximo presidente de la República, la reconstrucción se ha convertido en un problema que centró la atención de las autoridades después del terremoto del 19 de septiembre pero que ahora, a nivel federal, podría pasar a un segundo plano por las promesas electorales.