Se presentaba a última hora del último día hábil del año. El Gobierno aprobaba el texto preliminar de un Real Decreto Ley enfocado a controlar la actividad de Uber, Cabify y, por supuesto, Airbnb. Uno de los requerimientos más polémicos para la tecnológica de pisos turísticos era el de la obligación de ofrecer los datos y relación de usuarios que usen los servicios de la compañía y que ofrezcan vivienda en ella. De forma automática, Hacienda se haría cargo de gestionar y estudiar dichos datos con el objetivo de aplicar su proyecto de control a la llamada 'nueva economía'. Todo un espaldarazo por parte del Gobierno central a las políticas regionales que se habían llevado a cabo desde hace algunos meses. La última en hacerle frente a la plataforma ha sido Madrid con su plan de Ordenación Urbana, el cual busca limitar el número de pisos turísticos en los diferentes barrios de la capital.

Al igual que ocurriese con el caso de Uber y Cabify contra los taxis, en el que la CNMC ha tomado parte poniéndose de lado de las plataformas tecnológicas, le ha llegado el turno a Airbnb. Precisamente en Barcelona, región en la que ha contado con mayores problemas, la ACCO (Autoridad Catalana de la Competencia) ha publicado su informe al respecto. Como cabía esperar, su opinión sobre el texto preliminar del Real Decreto Ley se basa en una perspectiva que impone cargas desproporcionadas e injustificadas a las plataformas de alojamiento.

Explicaba Joseba Cortazar de HomeAway, en declaraciones a Hipertextual, la idea de que las plataformas tuviesen que hacer de intermediarios para Hacienda a la hora de recopilar datos suponía un concepto absurdo para sus modelos de negocio. La ACCO hace especial hincapié en esta idea refiriéndose a las transacciones económicas: "La medida es del todo desproporcionada respecto de los intermediarios que no disponen de esta información. Este sería el caso de las plataformas tecnológicas que no intervienen en la transacción económica del alquiler". Así como el añadido de una nueva barrera de entrada a nuevos actores en el mercado por el elevado incremento de recursos que se deberían destinar a dicha actividad gestora.

Añaden, poniendo especial atención a las recomendaciones de la ACCO de 2014 sobre el estado del mercado de la vivienda turística en Cataluña, avisan de que un incremento de las cargas legales y administrativas sobre este tipo de compañías podría poner en peligro el devenir de las mismas en el país. Avisan de una posible fuga de sedes locales y la pérdida de puestos de trabajo, pero manteniendo su actividad en el país. El punto positivo estaría en que el Real Decreto quedaría fuera de juego.

Por su parte, el representante de Airbnb en España, Sergio Vinay, sigue manteniendo su posición a favor de un libre mercado al sur de los Pirineos:

“Los anfitriones quieren pagar sus impuestos y Airbnb quiere ayudar. Por esta razón, Airbnb ha trabajado con gobiernos de todo el mundo para ayudar a hacer que el pago de impuestos sea claro y fácil. Airbnb quiere hacer lo mismo en España, pero las normas anunciadas son confusas e inviables. Muchos de los datos que piden no están relacionados con el pago de impuestos, y otros no se recogen por plataformas como Airbnb".

El Real Decreto afirmaba que las nuevas medidas de control de datos deberían ser operativas a partir del 1 de enero de 2018, sin tener en cuenta su aprobación absoluta y la explicación de cómo deberían proceder las diferentes plataformas implicadas.

Ya en julio del año pasado y tras largas negociaciones con el Ayuntamiento de Ada Colau, Airbnb anunciaba que cedería ante la imposición de la supresión de los pisos ilegales en la ciudad. Una medida que casi siete meses después sigue siendo insuficiente para el Gobierno Central y más concretamente para el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristobal Montoro.