Uber está intentando regenerarse después de la entrada del nuevo CEO, Dara Khosrowshahi, quien ha anunciado las nuevas 'reglas culturales' de la compañía. A pesar de los avances, todavía quedan varias piedras en el camino. El último problema al que el servicio de transporte debe hacer frente es una demanda de dos mujeres, las cuales fueron presuntamente atacadas sexualmente por conductores de la compañía en Estados Unidos.

Las dos presuntas víctimas de violación han preferido mantener su nombre en el anonimato y reclaman una indemnización a Uber. Por otro lado, han presentado una orden judicial para obligar a la compañía a tener verificaciones más estrictas para sus conductores, informó Recode.

Además de querer evitar futuros casos como los suyos, las demandantes han afirmado que la empresa ha tenido conductas ilegales y fraudulentas por hacer creer a los usuarios de la plataforma que los choferes pasan por unos controles estrictos que garantizan su seguridad.

La demanda afirma que los controles de antecedentes penales que utiliza Uber son de bajo costo y no son lo suficientemente fiables. Por otro lado, los conductores que ya fueron contratados no han sido supervisados, por lo que pueden haber cometido delitos mientras estaban en activo sin que la compañía tuviese constancia de ello.

Como se alega, si Uber está comprometido con viajes seguros para todos los consumidores, incluidas las mujeres, necesita hacer cambios drásticos para evitar las violaciones, los ataques sexuales y el acoso motivado por el género que ocurren de manera regular en las ciudades de los Estados Unidos.

Las dos víctimas de agresión sexual por parte de conductores de Uber alegan que no se ha hecho nada significativo para mejorar la seguridad de los pasajeros, especialmente de las mujeres, por lo que piden al tribunal que se implementen verificaciones con huellas dactilares (una medida que Uber ha rechazado hasta ahora), así como realizar verificaciones de antecedentes penales cada seis meses. Por otro lado, reclamaron que se excluyan a los delincuentes sexuales o personas con condenas de violación o asalto de los procesos de reclutamiento.

La denuncia citó un ejemplo para argumentar la urgencia de nuevos modelos de control para los choferes. En Massachussets, el gobierno estatal introdujo versiones más estrictas y revisó los registros de las 71.000 que conducen para servicios de transporte privado. Más de 8.000 conductores fueron retirados del servicio por no cumplir con las medidas de seguridad. Unos 51 conductores que fueron rechazados se consideraron delincuentes sexuales y 352 de ellos habían sido acusados por abusos sexuales o incidentes parecidos.

Por su parte, Uber ha afirmado que es una plataforma de transporte, por lo que los conductores no son sus empleados directos. Este argumento es, según las denunciantes, un "disfraz egoísta" para "evitar gastar más dinero en la detección del conductor antes y después de la contratación, y para evitar medidas regulatorias dirigidas a la seguridad durante el viaje".

Estos mismos conflictos que están ahora en el punto de mira en Estados Unidos han sido discutidos en México. A pesar de las compañías de transporte afirman que ofrecen viajes seguros, han ocurrido varios casos de asalto y robos. Por otro lado, una joven fue asesinada en el estado de Puebla por su conductor de Cabify, lo que provocó que el servicio fuera suspendido hasta el pasado 10 de noviembre y que se introdujeran nuevas medidas de seguridad para los usuarios.