Los recientes atentados terroristas en Francia y Reino Unido están abriendo, de nuevo, el debate en torno al balance entre la seguridad de los Estados de la Unión Europea y la privacidad de los usuarios. Pese a que, históricamente, la UE ha tenido especial cuidado con no invadir la privacidad de sus ciudadanos, y proteger esta de las ingerencia de Estados y compañías locales y extranjeras, el seno de la Unión está debatiendo sobre los límites de la privacidad y la vigilancia cuando se habla de seguridad nacional y lucha antiterrorista.
La preocupación viene porque, en mitad de la sensación de peligro por los atentados terroristas recientes, la Unión Europea está buscando una forma más sencilla de obligar a las compañías de tecnología, como WhatsApp, Facebook o Google, a generar herramientas que permitan a los cuerpos y fuerzas de seguridad de los Estados el acceso a los datos de los usuarios, aún cuando la transmisión de esos datos se produzca mediante cifrado.
En este sentido, la Unión Europea busca proponer tres opciones que serán las que se integren en la futura ley que será presentada por la UE para reforzar la seguridad dentro de sus fronteras. Las opciones, como suele suceder en estos casos, van de menos a más intrusivas, de hecho, la última de ellas y más extrema, bien podría contravenir unas cuantas disposiciones actuales del marco jurídico europeo.
La primera opción, que es la más laxa para la privacidad del usuario, es permitir a las agencias de un Estado miembro solicitar datos a una empresa de otro Estado miembro sin pasar por las autoridades de este último, agilizando los trámites y facilitando el acceso a los datos de empresas que, por ejemplo, residan en Irlanda. La segunda, es obligar a las empresas a entregar los datos a través la aplicación de la ley de otro Estado de origen, independientemente de las reglas de privacidad que fije el Estado de su residencia.
El tercero, como decíamos, es la más peligrosa: dar a las agencias gubernamentales el acceso directo a los datos almacenados en la nube, incluyendo los requisitos legales pertinentes. Desde luego, está dentro de la idea de la UE para terminar la privacidad, y aunque se integrasen mecanismos especiales de protección, no está muy claro cómo configurar el alcance de una herramienta que, directamente, asaltaría la privacidad de los usuarios:
"Esta tercera opción es una especie de posibilidad de emergencia que requerirá algunas medidas de seguridad adicionales que protegen la privacidad de las personas". - Vera Jourova, Comisionado de Justicia para la UE.
Si incluso en la Unión Europea se está planteando cambiar el balance entre la seguridad y la privacidad de los ciudadanos, no es de extrañar que la cuestión está llamando especialmente la atención de muchos colectivos que ven en esta preocupación por la seguridad una forma de invadir con impunidad la privacidad de unos ciudadanos que, hasta ahora, parecía garantizada incluso de la injerencia de sus propios Gobiernos.
De salir adelante cualquier de estas medidas en este primer paso, se integraría en la nueva legislación que tiene prevista su entrada en vigor a principios de 2018.