El espionaje en México sigue sin tener ningún tipo de control. Esta vez, la Red en Defensa de los Derechos Digitales ha documentado nuevos casos de espionaje con el software Pegasus entre los que figuran periodistas de alto perfil y defensores de los derechos humanos.
Pegasus es un software malicioso que infecta por medio de un enlace-cebo y es capaz de tomar el control de los archivos, mensajes, fotografías, redes sociales, correo electrónico, calendario, geolocalización, detalles de la red, cámara y micrófonos de un teléfono.
El primer indicio de la existencia de Pegasus fue cuando la firma canadiense de ciberseguridad Citizen Lab detectó una infección en el teléfono de un activista por los derechos humanos en los Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Mansoor. El mismo día, Apple sacó una actualización contra este peligroso exploit.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales precisa que "este software malicioso, desarrollado por la firma israelí NSO Group, es comercializado únicamente a gobiernos".
En febrero de este año, Citizen Lab advirtió que los dispositivos de dos activistas y un científico mexicanos habían sido infectados con este software posiblemente debido a sus activismo sobre el impuesto al refresco en el país.
Ahora, la Red en Defensa de los Derechos Digitales contabiliza 12 casos de espionaje con este software.
Entre las personas espiadas por Pegasus se encuentran los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Sebastián Barragán y Rafael Cabrera. Además de activistas e investigadores pertenecientes a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Asimismo, el hijo adolescente de Carmen Aristegui, Emilio, fue espiado mientras era menor de edad.
Todos los afectados cayeron en enlaces-cebos convincentes que emulaban contener pagos hechos con tarjetas de crédito, servicios apócrifos de Telcel, noticias o información personal.
Así eran los SMS con los que infectaron el teléfono de Carlos Loret de Mola, según informe de la @r3dmx pic.twitter.com/jsfMWD9tX6
— Valeria Chan (@ValPunto) 19 de junio de 2017
La organización que documentó los casos llamó a respetar la privacidad de los ciudadanos y a respetar la legalidad, ya que este espionaje no persigue un fin legítimo porque los afectados no se encontraban bajo ninguna investigación judicial:
La autoridad tendría que demostrar que todos los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción se encontraban bajo investigación criminal, existían indicios suficientes para acreditar que se encontraban organizando la comisión de delitos o que, de alguna manera, todos los objetivos constituyen una amenaza inminente a la seguridad nacional.