Durante un mensaje a la prensa, el fiscal para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), Ricardo Sánchez, anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) comenzará una investigación por la presunta intervención ilegal de las comunicaciones de periodistas y activistas que fue revelada en un informe llamado Gobierno Espía.
De acuerdo con lo anunciado por el funcionario, a los afectados se les ha pedido todos los dispositivos presuntamente infectados con el software espía Pegasus. Entre las víctimas del espionaje figuran los célebres periodistas Carlos Loret de Mola y Carmen Aristegui, así como activistas anticorrupción y algunos familiares de las figuras públicas.
La #FEADLE da a conocer el plan de investigación ministerial en el caso de la presunta intervención ilegal a personas públicas. pic.twitter.com/XHvPl87Jy7
— PGR México (@PGR_mx) 26 de junio de 2017
Sánchez anunció que la PGR colaborará con un grupo de apoyo técnico creado para investigar el caso. El grupo estará conformado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés), la Asociación Mundial de Operadores Móviles (GSMA), el Instituto de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Politécnico Nacional y la Comisión Federal de Telecomunicaciones. También habrá apoyo del FBI y del Ministerio de Justicia de Canadá.
Asimismo, Sánchez anunció que la PGR usará uno de los artículos más polémicos de la Ley Federal de Telecomunicaciones para investigar: el artículo 190, el cual obliga a los proveedores de servicio de telecomunicaciones a almacenar los metadatos de sus usuarios durante un mínimo de dos años. De acuerdo con el fiscal, se revisarán los registros de llamadas y mensajes de los teléfonos infectados "a efecto de detectar similitudes" entre los mensajes que contenían el enlace-cebo usado para infectar a los dispositivos de las víctimas.
El artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones había sido criticado anteriormente por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, la misma organización que con ayuda de Citizen Lab, Social TIC, Artículo 19 y otras más, reveló el informe de Gobierno Espía. De acuerdo con la Red, la ley permite la recolección masiva de información, pero su imprecisión la hace un blanco fácil para el uso inadecuado de esta.