Ya tenemos un nuevo capítulo en la historia entre la Federación Profesional del Taxi y Cabify. La demanda interpuesta contra la tecnológica española hace una semana por parte de la gremial de taxis finalmente ha sido desestimada por parte del juez.
Según explica el texto oficial, el Juzgado de lo Mercantil nº12 de Madrid ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por la Federación Profesional del Taxi de Madrid contra Maxi Mobility Spain S.L., una de las filiales de Cabify, por competencia desleal y violación de las normas de transporte en materia de contratación de servicios mediante vehículos de arrendamiento con conductor; al estimar que las normas supuestamente infringidas en que se funda el reproche de deslealtad no imponen obligaciones a la empresa demandada, sino a los titulares de licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC). En otras palabras, la gremial de taxis esgrime la idea de que la startup estaría usando un entramado de empresas para la compra-venta de las populares licencias VTC en España, aprovechando la coyuntura para aumentar el precio de las mismas en una media de un 1.000% y, por consiguiente, la demanda. Se sumaba así a otra de las acusaciones que tenía abierta la compañía con Podemos, los cuales afirman que dicho entramado societario podría estar construido de tal forma que evita el pago de impuestos por parte de la compañía en España.
La posición del juez en este caso se ha basado en la falta de pruebas para fundamentar la acusación. Tanto en la parte de la competencia desleal, la captación de clientes y la falsificación de las hojas de ruta, como en las infracciones administrativas. En palabras de Mariano Silveyra, Country Manager de Cabify España, la posición de Cabify en esta situación es firme:
“Estamos satisfechos de que finalmente se haya hecho justicia y se demuestre la legalidad de nuestros servicios, como siempre hemos defendido. Desde nuestro origen en España en 2011, hemos operado estrictamente bajo el marco legal, cumpliendo con todos los requisitos requeridos por las Administraciones. Ahora, confiamos en que podamos seguir operando con tranquilidad sin que terceros se interpongan en el camino de la innovación y del derecho a elegir por parte del usuario. Y por supuesto, agradecer las innumerables muestras de apoyo que hemos recibido por todos los que forman nuestra comunidad (usuarios, empleados y colaboradores) así como por parte de los diferentes agentes sociales a lo largo de todo este proceso judicial”.
Lo más probable es que nuevas demandas su sucedan a partir de ahora, pese al rechazo de esta última por parte del juez. Recordemos que unas 10.000 licencias VTC están a punto de salir a funcionar a lo largo y ancho de España, lo cual servirá para caldear mucho más el ambiente.