No es de su competencia, porque necesita que la Comunidad de Madrid haga el trámite, pero el Ayuntamiento de Madrid dirigido por Manuela Carmena tiene un objetivo claro con las plataformas de alquiler de pisos: exigirles que todas ellas (especialmente Airbnb y HomeAway) emplacen su sede fiscal en la capital para que se declaren el 100% de los beneficios que se perciben por su negocio.
La relación entre Madrid y este tipo de plataformas, que se presentaba mucho más cordial especialmente si la comparamos con la que se está sucediendo en Barcelona, Baleares y Valencia no tiene muy buen aspecto después de este anuncio por parte del Ayuntamiento. Las negociaciones, que sólo acaban de empezar, tendrán este punto como el primero y el más polémico de la lista. Mientras que para el consistorio supone una especie de compromiso para la ciudad y la actividad de estas empresas con ella y sus ciudadanos, para Airbnb y compañía es un problema. Especialmente para los primeros. Su modelo de negocio implica que ellos sólo tributan por la parte proporcional a la comisión que reciben del precio total de la reserva; de esta, en España se quedaría el porcentaje de los gastos de marketing y relaciones públicas, —epígrafe en el que esta y tantas otras tecnológicas están dadas de alta—. El resto emigra a Holanda, Irlanda o cualquier otra ciudad con una fiscalidad beneficiosa para ellas.
En cualquier caso, el problema en este punto no sólo es la batalla de las negociaciones con las plataformas que, según ha reportado El País , ya se han iniciado en primera instancia con Airbnb en una ocasión. La batalla es con la Comunidad de Madrid que ya ha negado a la máxima; para ellos establecer la sede fiscal supondría de forma indirecta pasar al modelo turístico de Barcelona, fundamentado en una tasa turística tanto a viviendas como a hoteles. Para el equipo de Cifuentes supondría abrir un frente con un sector hotelero muy sensible y enfadado que, según ellos, podría amenazar miles de puesto de trabajo en la capital.
Sede en Madrid pero, ¿qué pasa con el resto?
Ni que decir tiene que Airbnb o HomeAway no se han pronunciado ni a favor en contra de esta imposición en la capital. Especialmente los segundos que, en su lucha sempiterna con las autoridades, no cejan en el intento de intentar diferenciarse tanto en modelo de negocio, como en organización.
La cuestión es que, si Airbnb se plantease la proposición del Ayuntamiento, ¿qué dirían el resto de regiones de España? Acaso esto no generaría disonancia y problemas entre comunidades, todas ávidas de quedarse con la sede de una compañía que, pese a todo, genera un gran número de puestos de trabajo directos e indirectos. Si Barcelona, Valencia o Baleares obligase a las mismas compañías a tener su sede del país y no sólo delegaciones en sus respectivas ciudades, el problema pasaría de ser legal a también político y regional.