¿Qué fue antes: el huevo o la gallina? ¿La empresa o la ley? Este sería el dilema por el que estarían pasando los Gobiernos de casi todos los países en los que nuevas empresas están conquistando un terreno antes controlado por otras compañías de corte más tradicional. Un problema que va mucho más allá de la simple decisión de si dejar operar a una compañía en un país o no. La cuestión estaría centrada en un juego de equilibrio en el que un gran número de piezas se mantienen gracias al soporte de otras.
En este contexto, durante las últimas semanas hemos asistido a un serie de prohibiciones, que iban directamente a por este modelo de empresas, por parte de algunos ejecutivos. Y curiosamente España no está en la lista en la sección de transporte, de momento. Por una parte, Dinamarca ha obligado a Uber a echar el cierre su país de la forma más sutil posible. La tecnológica, que venía operando desde 2014, se ha visto sometida a una nueva regulación aprobada recientemente por el Gobierno que es incompatible con la estructura de Uber. En otras palabras, les han echado y con ellos a los 2.000 conductores que tendrán que cambiar de empleo y 300.000 usuarios que vuelven al regulado sector del taxi. Unos días después, la historia se volvía a repetir pero en este caso en Italia el Tribunal Civil Italiano anunciaba que, por competencia desleal, Uber tendría que cesar su actividad en el país. Otros tantos conductores y usuarios se quedan fuera del radar. Al otro lado del Atlántico, en Argentina, el servicio también ha sido bloqueado sine díe. Si a esto le sumamos todos los procesos legales que la compañía mantiene abiertos y que habrían de determinar si deben someterse a la regulación de transporte o de la información, la lista se hace casi interminable.
En el proceso de encuadre legal también se están encontrando Airbnb con su dilema de los pisos que no son ni una cosa ni la otra: ni turísticos ni vacacionales. Un problema que se ha materializado en multas, avisos y prohibiciones por parte de algunos ayuntamientos. O BlaBlaCar, que habiendo ganado su litigio y reafirmando su estructura legal, el juez ya dejaba constancia en la sentencia que había una clara ausencia de regulaciones. El resultado es que todas estas compañías han tenido que encontrar su encaje en un mundo que se rige por leyes antiguas.
El juego de los votos
Las campañas políticas tienen un objetivo único y exclusivo: lograr los votos de los ciudadanos. Especialmente de los indecisos porque los que ya están de acuerdo con los preceptos del partido ya han entrado en el juego. Se pueden lograr muchos adeptos con un mitin o con una aparición pública, pero no hay nada que sea más efectivo que legislar a favor o en contra de algún sector. Independientemente de la posición que ocupe la Unión Europea, con sus intenciones de legislar mejor, o la figura que esté por encima en ese momento.
Poniendo de nuevo el caso del sector del taxi, hay estudios que confirman que compañías como Uber tienen un efecto positivo sobre la sociedad. Es un hecho que la llegada de la compañía de Kalanick a la Gran Manzana ha reducido entre un 25% y un 35% los accidentes en los que el alcohol ha jugado un papel importante. Según el MIT en un análisis realizado sobre Nueva York, sólo con 3.000 coches con un modelo de uso similar al de Uber podrían sustituir a 13.000 taxis.
Eficiencia pura y dura que aunque esté muy valorada por los Gobiernos dejaría fuera de juego a muchos posibles votantes. En el estudio del MIT, casi 13.000 personas se quedarían sin trabajo, a los que hay que sumar sus familias; la ventaja comparativa con dejar a 3.000 sin empleo es considerable. Si bien es cierto que esto es en términos absolutos, está claro que de forma histórica los ejecutivos se han plegado a los deseos de gremios con alto poder de influencia y presión tanto dentro como fuera de la cámara. Por una pura cuestión de interés y de pasarle el problema al siguiente, la legislación deja a un lado la innovación y se pasa al voto; porque los términos medios no convencen a nadie.
Si ya abordamos la cuestión de los impuestos, ahí es cuando legislar sobre la innovación se hace más complicado. Muchas empresas de este tipo tributan por una parte del ingreso generado fuera del país, atendiendo a un modelo de negocio muy bien estudiado. Airbnb, que sólo declara por el porcentaje que se lleva de la gestión en comparación con el total de los hoteles, pone sobre la mesa otro dilema. El Estado no puede dejar de percibir los ingresos que estos gremios les proporcionan, hay unas arcas públicas que están en ya de por sí precario equilibrio. Y las que no lo están quieren mantener su nivel, como puede ser el caso de Dinamarca.
Es como la pescadilla que se muerde la cola. Si se ponen a favor de este tipo de innovación pierden los votos de los gremios a los que no están favoreciendo, pero también ponen en peligro el complicado equilibrio de un sistema de impuestos bastante perjudicado.
Un problema presente de relevancia en el futuro
El tema en todo esto es que poco o nada se va a poder hacer a largo plazo para impedir a entrada de nuevas empresas. Al final, la regulación tendrá que gestarse, de una manera u otra. Según Boston Consulting Group, para 2030, casi el 25% de los coches en Estados Unidos serán autónomos. Pero, de momento estos están prohibidos en la mayor parte de los estados y, por supuesto, en Europa. ¿Cómo pasaremos del punto A al punto B, en algo más de 10 años?
Al igual que el teléfono llegó a cada casa, el ordenador se posicionó como un objeto de uso personal y el móvil es la forma de consumo más popular a nivel mundial, el resto de cambios vendrán detrás. La pregunta está en cuál el Gobierno que se atreva a ello.