Puede que el huracán Donald Trump no sea completamente dañino para México. La amenaza del presidente de los Estados Unidos de retener o gravar las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos para pagar el famoso muro de Trump ha alertado a las autoridades de México, quienes han comenzado a regular el dinero virtual.
Ante este panorama y el planteamiento de transferir las remesas vía monedas cifradas, las ciptomonedas podrían ser denominadas como "activos virtuales" para el nuevo proyecto de ley que desde septiembre se encontraba en la incertidumbre: la Ley fintech mexicana, la cual podría ver la luz en las siguientes semanas antes de que el Congreso termine su periodo de sesiones ordinarias.
"Los reguladores vieron una oportunidad", explica Gerardo Obregón, CEO de Prestadero y consejero de la Asociación Nacional de Financiamiento Colectivo (AFICO).
Por ahora, la Secretaría de Hacienda ha enviado un borrador del anteproyecto de ley a las cabecillas del sector, según informa Milenio. Desde este lunes 27 de marzo, los reguladores, la industria bancaria y las empresas miembros de la AFICO ya se encuentran revisando los detalles de la ley.
En opinión de Obregón, se trata de una “ley muy positiva” donde, pese a las dudas, el Gobierno escuchó a las voces de quienes están en “las trincheras” del fintech.
De acuerdo con lo dicho por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, durante la 80 Convención Bancaria, la ley pretende aclarar la procedencia de los recursos del financiamiento y evitar el lavado de dinero.
Los detalles del anteproyecto de ley no pueden ser revelados todavía, pero Obregón comentó a Hipertextual que la ley contemplará a las instituciones de financiamiento colectivo y a las de administración de activos financieros, las de pago electrónico. Además, Obregón ve una innovación importante para el país: la ley contaría con un marco para la experimentación de empresas y productos nuevos.
“Lo que sucede en un medio tan regulado como el financiero es que no puedes probar un producto porque necesitas requisitos, facturar una cantidad mínima, entre otras cosas”, pero tener un marco para probar cosas nuevas ya sea con un límite de capital o de usuarios permitiría la innovación “sin gastarte un dineral”.
Por el lado de las empresas, contar con un marco legal hecho a medida permitiría a las plataformas regularizarse ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Las empresas ahora tendrían claridad fiscal, así como validez en los contratos de deuda y acreditación.
Lo anterior les permitiría tener más garantías para los consumidores. “A quien más apoyaría la ley sería al usuario final. Permitiría más competencia, opción de más servicios financieros, créditos justos o quizá créditos con mejores tasas de interés y permitiría más certeza”, comentó Obregón.
De acuerdo con las cifras oficiales, la industria fintech mexicana está integrada por 160 empresas y 540.000 usuarios activos.
Una vez que haya pasado la revisión, la Ley Fintech será votada por el Congreso, donde se espera que pase sin fricciones ni contratiempos.
Sin embargo, en un sector en constante movimiento la tarea no terminaría ahí. En los meses siguientes a su aprobación comenzarían a surgir nuevas entidades y un reglamento a seguir. “Aunque incluyan todos nuestros comentarios, la ley será perfeccionable porque es un sector nuevo. Tanto reguladores como empresas debemos ver hacia dónde se conduce el mercado”, asegura Obregón.