"Queremos que el Ayuntamiento cumpla la ley y haga un estudio de impacto ambiental sobre la contaminación lumínica en Madrid", explica al otro lado del teléfono Alejandro Sánchez. Asociaciones de científicos, divulgadores y ecologistas han unido sus fuerzas para pedirle al Gobierno de Manuela Carmena que realice un análisis global de los efectos que ha tenido, a su juicio, la reciente sustitución del alumbrado público de Madrid. "Es la mayor operación de alumbrado público de Europa", denuncia Sánchez, y "no se ha investigado el potencial impacto que tiene sobre la salud, el medio ambiente o el patrimonio".

Desde 2014, los Gobiernos de Ana Botella y Manuela Carmena han llevado a cabo la conversión de buena parte del alumbrado público a una tecnología LED de color más blanco. El cambio se ha justificado en base a una supuesta mayor eficiencia energética de las nuevas luminarias. Según datos del Ayuntamiento de Madrid, a fecha de 31 de diciembre de 2015, la ciudad contaba con casi 85.000 puntos de luz de tipo LED, un 33% del total. Los investigadores y ecologistas, sin embargo, no creen que el cambio de alumbrado público sea más eficiente, sino que está provocando más perjuicios que beneficios.

La contaminación lumínica, considerada como la introducción de luz no natural en el medio ambiente nocturno, es un grave problema en Madrid desde hace tiempo. La capital española es la segunda ciudad con mayor contaminación lumínica de toda Europa, solo superada por Valencia. Los denunciantes sostienen que la operación de alumbrado público ha empeorado todavía más la situación por el incremento de las áreas iluminadas y el aumento de la potencia iluminada por farola. "La mayor emisión de luz azul de los LED que se están instalando es la responsable de que el impacto de la contaminación lumínica se haya multiplicado (en algunos efectos es hasta cuatro o cinco veces más perjudicial que la iluminación de vapor de sodio a alta presión)", afirman.

Un contrato de alumbrado bajo sospecha

Los investigadores y ecologistas han unido sus fuerzas para protestar en contra del cambio del alumbrado público que se ha efectuado en la capital desde 2014. El Ayuntamiento, entonces gobernado por el Partido Popular, licitó en otoño de 2013 un contrato integral para la "gestión integral y energética de instalaciones urbanas de la ciudad" por importe de 772 millones de euros. El objetivo, como puede leerse en el pliego, era lograr "una mayor eficiencia energética de las instalaciones en vías y espacios públicos". Según anunció en 2014 la empresa proveedora de las luminarias, Philips, la intervención abarcaría 225.000 puntos de luz, de los que 84.000 serían sustituidos por tecnología LED. El cambio afectaría a un 37,3% del alumbrado público antiguo de la capital, una operación que supondría un ahorro energético del 44% respecto a la anterior instalación, de acuerdo a la información facilitada por la empresa.

Los denunciantes, sin embargo, creen que el cambio de alumbrado público en realidad ha agravado el problema de la contaminación lumínica en Madrid. Según explica Sánchez por teléfono, los promotores decidieron impulsar una iniciativa para que el Gobierno de Ahora Madrid lleve a cabo una evaluación de impacto ambiental sobre la operación.

El documento ha sido presentado en la plataforma Decide Madrid con el fin de que sea incluido en la partida de presupuestos participativos de 2018. El Ayuntamiento de Madrid ha habilitado de plazo hasta el próximo 25 de marzo para que los ciudadanos puedan apoyar proyectos de gasto para la ciudad y los diferentes distritos de la capital.

Sánchez asegura a Hipertextual que "se llegó a valorar la posibilidad de denunciar al Ayuntamiento, pero que prefieren evitar un conflicto directo". A su juicio, el cambio de alumbrado público no solo ha provocado una mayor contaminación lumínica, sino que sus efectos perjudiciales han podido afectar a los espacios naturales de la Red Natura 2000, como el Monte del Pardo y el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La iniciativa presentada en la plataforma Decide Madrid cuenta con el apoyo de agrupaciones científicas como la Sociedad Española de Astronomía o la Federación de Asociaciones Astronómicas de España y organizaciones sociales como Ecologistas en Acción, la Asociación RedMontañas o Madrid Ciudadanía y Patrimonio.

contaminación lumínica
Mapa de contaminación lumínica directa e indirecta sobre Madrid, según las estimaciones de los investigadores de Cities at night. Fuente: A. Sánchez de Miguel, J. Zamorano/NASA/ESA

La propuesta impulsada por los científicos y ecologistas cuenta actualmente con 832 apoyos, lejos de las iniciativas más votadas. Las ideas elegidas en la primera fase pasarán a una ronda final de votaciones, que se celebrará entre el 15 de mayo y el 30 de junio. Las quince entidades firmantes del proyecto pretenden que el Ayuntamiento de Madrid también analice el impacto del cambio del alumbrado público sobre la salud pública, la seguridad vial y ciudadana o el deterioro del patrimonio cultural inmaterial y los símbolos de la capital. La evidencia científica actual sostiene que la contaminación lumínica puede afectar a la biodiversidad, la imposibilidad de contar con cielos oscuros e incluso algunas investigaciones apuntan que podría trastocar los ritmos circadianos y el sueño.

El propio Ayuntamiento de Madrid ha reconocido el problema de la contaminación lumínica en la ciudad, como recogen en su página web. Hipertextual se ha puesto en contacto con el Gobierno de Manuela Carmena para conocer su versión sobre la iniciativa impulsada por científicos y ecologistas, sin recibir respuesta en el momento de la publicación de este artículo. Sergio Carrasco, profesor de Derecho e ingeniero, explica a este medio que la propuesta tiene sentido "si no se ha realizado". En opinión del jurista consultado por Hipertextual, "los pliegos son suficientemente amplios para entender que se trata de una actuación que puede tener impacto". "Lo normal hubiera sido que el Ayuntamiento hubiera indicado que faltaba uno de los estudios de impacto que mencionan los pliegos", añade el también co-fundador de la Asociación Derecho en Red.

La operación sobre el alumbrado público que critican los científicos y ecologistas ha sido realizado con un contrato en vigor hasta 2022 por importe de 772 millones de euros. Recientemente la Fiscalía Provincial de Madrid anunció el comienzo de una investigación, según El Confidencial, para determinar si hubo irregularidades en el millonario contrato firmado por el anterior Gobierno de Ana Botella. El contrato fue adjudicado a tres uniones temporales de empresas (UTE) diferentes, a las que Philips, tal y como confirma a este medio, provee las luminarias LED para renovar el alumbrado público de la capital. La apertura de la investigación llegó después de que la empresa Hiled Soluciones Luminarias y la Asociación Española de la Industria LED denunciaran sospechas sobre su licitación. El contrato, que ha cambiado buena parte del alumbrado público de la capital, vuelve ahora a estar en tela de juicio por la contaminación lumínica que denuncian los expertos.