La FTC (Federal Trade Commission), la agencia encargada de vigilar por el interés de los consumidores y el buen funcionamiento del mercado, en colaboración con el departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha multado a Western Union con un total de 586 millones de dólares por fraude al consumidor, en una investigación histórica en la que diferentes agencias de los Estados Unidos han participado para determinar la posible culpabilidad de la compañía en diferente violaciones penales relacionadas con las transferencia y el lavado de dinero.
En este sentido, Western Union ha aceptado varios cargos que habían sido imputados tras la investigación, entre ellos, no poner en marcha, intencionalmente, un programa efectivo de lucha contra el lavado de dinero y las transferencias relacionadas con varios tipo de estafas y fraudes en la red.
Básicamente, la multa está determinada por la pasividad de la compañía ante las transferencias de grandes fondos de dinero de fuentes ilícitas que terminaban en países sin acuerdos de información bancaria, entre ellas, el clásico timo de príncipe nigeriano, con sus diferentes variaciones de la estafa nigeriana.
La presidenta de la FTC ha sido especialmente dura respecto a la compañía en el comunicado en el que dicho que "Western Union tiene una responsabilidad para con los consumidores estadounidenses de protegerlos contra el fraude y, en cambio, la compañía miraba para otro lado y su sistema facilitaba a los estafadores".
De momento, la FTC ha prohibido a Western Union las transferencias de dinero que sepan, o deberían saber, que están relacionadas con el fraude e insta a bloquear las transferencias de dinero enviadas a cualquier persona que objeto de un informe de fraude.
Además, Western Union deberá proporcionar advertencias contra fraude al consumidor tanto en papel como en sus formularios de transferencia electrónica de dinero, aumentar la disponibilidad lugares y webs para presentar denuncias de fraude, y lo más importante: la devolución de una transferencia de dinero de manera fraudulenta inducida si la empresa no ha cumplido con sus procedimientos de lucha contra el fraude en el marco de dicha operación.