Los padres de hijos de temprana edad vuelven a enfrentarse ante una de sus peores pesadillas: las vacunas que están en el calendario, que su pediatra les recomienda, pero que el sistema sanitario público no financia. Esta vez, se trata de Bexsero, una vacuna contra la Meningitis B, la que tiene asustados a los padres.

La vacuna, fabricada por GlaxoSmithKline, entró hace un año en el calendario de vacunaciones español tras una campaña de presión por parte de la Asociación Española de Pediatría solicitando que dejara de estar limitada como tratamiento hospitalario y llegase a toda la población.

El CAV-AEP considera que esta vacuna tiene un perfil de vacuna sistemática a incluir en los calendarios de todas las CC. AA. de España. La prevención de muertes y secuelas permanentes por esta grave enfermedad justifica la recomendación de esta vacunación, independientemente de los estudios de coste-efectividad.

El Ministerio de Sanidad aprobó la inclusión, pero no la financiación de la misma. El coste de cada dosis supera los 100 euros en España, y el alza repentina de los pedidos, sumando a que Novartis tarda 90 días en preparar las mismas, ha puesto en jaque a las farmacias del país, que se ven severamente desabastecidas. Miles de padres llenan las listas de espera en búsqueda de las dosis necesarias para sus hijos. No solo es una vacuna cara que busca prevenir una enfermedad peligrosa, también es difícil de encontrar. Los padres se han visto abandonados por el sistema sanitario y no ocultan su frustración en los mostradores de sus farmacias.

Un caso grave en Madrid, una farmacia de Aravaca, cuenta con una lista de espera de 800 personas, muchas de las cuales necesitan más de una vacuna y/o está comprando para varios hijos. Cada niño necesita de cuatro dosis si las recibe antes de los cinco meses, tres dosis desde los seis meses a los dos años, y de dos en adelante incluso en adultos. Una factura de hasta 420 euros por niño.

Según las fuentes del Ministerio consultadas por Hipertextual relatan que aunque es poco común que se incluyan elementos no financiadas en el calendario de vacunación, se valoran los posibles casos y afectados por la enfermedad y el coste a las arcas del Estado. Un cálculo que puede resultar cínico considerando una enfermedad con una tasa de mortalidad del 20% como la Meningitis B, pero cuya incidencia está viéndose muy reducida en los últimos años, aunque lejos de quedar erradicada.

Sin embargo, son los propios pediatras, los doctores y personal de enfermería de urgencias los que ven el día a día de esta enfermedad que tiene entre los grupos de mayor riesgo a bebés durante el primer año de vida pero cuya incidencia repunta en la adolescencia, donde hay menos casos pero con una mortalidad muy superior. La Meningitis B puede no llegar a ocasionar la muerte del paciente, pero sí dejar secuelas graves en el sistema nervioso central, deficiencias mentales o incluso ser necesaria la amputación de los miembros afectados.

La decisión de dar la vacuna pasa por el pediatra de cada niño, que han sido los principales encargados de anunciar la inclusión del Bexsero a los padres. Este hecho ha causado sorpresa en muchos progenitores, que se ha convertido en pánico por la dificultad para adquirir las dosis necesarias. También ha llevado al recelo de otros padres que ven excesivamente minoritaria la prevalencia de la Meningitis B y consideran alarmista la decisión de la AEP y de los pediatras, llegando a sospechar y acusar de presiones por parte del fabricante. Un pediatra de ambulatorio consultado se defiende: “si nos pagaran no lo harían por meter vacunas que son difíciles de producir y con escaso margen”. Además, la figura del farmacéutico de ambulatorio hace de separación entre visitadores de farmacéuticas y doctores del sistema sanitario público. Una capa de independencia que no existe en la mayoría clínicas privadas.

En 2015, el informe del Ministerio de Sanidad (PDF) venía con esta conclusión:

Considerando las cinco últimas temporadas epidemiológicas, de 2007-2008 a 2011-2012, se han producido 914 casos en niños menores de 5 años y se han perdido 6.933,8 AVAD por enfermedad meningocócica por serogrupo B en este grupo de edad. Suponiendo una cobertura del 100% y una efectividad de la vacuna igual que la cobertura potencial obtenida tras el estudio realizado en España (del 69%), y teniendo solamente en cuenta los efectos directos de la vacuna en las personas vacunadas, podríamos realizar una estimación de los AVAD que se podrían prevenir en la población vacunada en un horizonte temporal de 5 años. Suponiendo además que las próximas cinco temporadas fueran iguales a las cinco últimas en cuanto a número de casos en este grupo de edad, se podrían prevenir 631 casos y un total de 4.784,3 AVAD.

Nota: AVAD son las siglas de "años de vida perdidos ajustados por discapacidad", un indicador sintético utilizado por la OMS para medir la carga de las distintas enfermedades. El resultado de la suma de los años de vida perdidos (AVP) por muerte prematura y los años vividos con discapacidad.

Hagamos un cálculo. Poniendo cuatro dosis a cada uno de los 420.000 niños nacidos en España en 2015, el Ministerio tendría que aprovisionarse de 1.7 millones de vacunas como mínimo. Derivando de un coste estimado negociado de 70 euros por vacuna serían 117,6 millones de euros cada año. A este precio habría que sumar costes derivados de distribuir y poner las vacunas. Salvando la vida de 631 niños en cinco años, nos sale el coste de cada muerte evitada por la vacuna ascendería a más de 900.000 euros. La decisión de España de no vacunar por Meningitis B la comparten todos los países de la UE menos República Checa y Reino Unido, que la tienen en su calendario.

En España, las defunciones tocaron mínimos de 19 en total durante la campaña de 2011-2012 en un total de 239 casos confirmados de contagio. Solo 5 años antes, en 2006-2007, fueron 498 los casos registrados y 46 las muertes. La bajada de incidencias es clara, pero que sea una enfermedad tan minoritaria es precisamente lo que la ha dejado fuera de la financiación pública. Una ironía que, dada la gravedad de las secuelas y el porcentaje de mortalidad, no ha sentado nada bien entre los padres.

Los padres no pueden arriesgarse a no ponerla a sus hijos por lo peligroso que sería un caso de Meningitis B, y las Comunidades Autónomas no pueden permitirse pagarla porque afecta a muy pocas personas. Una valoración de efectividad y coste que no deja a nadie contento.