El mayo pasado, la solicitud de la organización R3D por los Derechos Digitales que buscaba conocer cuántos dispositivos y personas fueron espiados en 2014 por el Gobierno mexicano tuvo éxito cuando el Instituto de Acceso a la Información consideró que era información de carácter público.
En un acto sin precedentes, esto nos permitiría a los mexicanos conocer la magnitud del espionaje gubernamental. Sin embargo, parece que esto tendrá que esperar al menos seis meses más ya que la Consejería Jurídica del ejecutivo ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no se divulgue la información estadística solicitada por la organización, bajo el argumento de que hacerlo haría peligrar la seguridad nacional.
Dicha solicitud, avalada por el INAI, pretendía transparentar las operaciones de la inteligencia mexicana, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
El espionaje por parte del Gobierno mexicano tendría impresionantes alcances pues carga con un amplio historial que incluye la compra de software espía, la intervención de las comunicaciones y una legislación ambigua que permite el almacenamiento y consulta de los metadatos telefónicos de todos los mexicanos.
El uso de estos recursos preocupa a defensores de los derechos humanos e incluso a los senadores, quienes han pedido se transparente los costos y fines de la adquisición de los programas de espionaje.