22 de junio de 2016, un día histórico para Colombia: tras 56 años de conflicto, una de las guerras más largas de la historia comenzaba a ver la luz al final del túnel. El Gobierno colombiano, presidido por Juan Manuel Santos, alcanzó un principio de acuerdo con las FARC para un alto el fuego bilateral y definitivo.

Tras aquel acercamiento, se fijó un plazo de 180 días para que la paz fuese anunciada de forma definitiva. Y con precisión suiza, 180 días después se ha materializado el resultado de cuatro años de conversaciones para poner fin a la causa que ha dejado más de 200.000 muertos, 25.000 desaparecidos, 170.000 asesinatos selectivos y 10 millones de desplazados huyendo de la violencia.

El acuerdo, rubricado en La Habana, como todo el proceso, ha tenido el garante de Cuba, Chile, Noruega, Venezuela, México, República Dominicana, El Salvador, Estados Unidos, la Unión Europea, y la ONU. La paz vuelve a Colombia.

Los últimos flecos en cerrarse del acuerdo, a falta del refrendo popular definitivo, giraban en torno al proceso de amnistía de los guerrilleros, su reinserción en la sociedad civil y las causales de su participación política de ahora en adelante.

Peticiones

Más allá de las condiciones mínimas antes mencionadas que las FARC requerían para seguir adelante con el proceso de desarme, los guerrilleros también pedían fijar la detención de la persecución política a sus integrantes, el fin de los grupos paramilitares, y que el presupuesto militar sea reajustado a la baja, ya que durante los últimos años ha estado incrementándose bajo la argumentación de la necesidad de hacer frente a las FARC.

Por su parte, el Gobierno de Juan Manuel Santos fijó 23 zonas y ocho campamentos en los que los guerrilleros de las FARC han debido dirigirse durante los últimos tres meses de cara al proceso de desarme. Además, sesenta de sus miembros obtuvieron un permiso para circular libremente por el país de cara a obtener facilidades para la reinserción en la sociedad civil, así como labores de pedagogía de los acuerdos.

El próximo reto tras la rúbrica de la paz está en qué ocurre exactamente ahora con las FARC, una vez se culmina el desarme. A tenor de sus peticiones, accedidas por el Gobierno, se convertirán en una facción política institucionalizada gracias al proceso de amnistía.