El golpe de Estado del pasado viernes contra el régimen de Erdogan fracasó. Y fue entonces cuando comenzó la purga en Turquía. Profesores, policías, jueces, periodistas y medios de comunicación no se han librado de la censura y los ataques de un Gobierno que, aun habiendo sido elegido en unos comicios, dista mucho de cumplir las mínimas garantías que se exigen a cualquier democracia.

El régimen de Recep Tayyip Erdoğan ha anunciado la suspensión temporal de la aplicación de la Convención Europea de los Derechos Humanos, tras declarar hace unas horas el Estado de emergencia durante los próximos tres meses. El Gobierno de Turquía se ha apresurado a asegurar que el movimiento fue realizado por Francia en noviembre, después de los atentados de París. Una verdad a medias, dado que aunque la Unión Europea prevé la posibilidad de suspender esta Convención en tiempos de guerra o en situación de emergencia nacional, no es menos cierto que la nación turca comienza a parecerse más a una autocracia que a una democracia completa.

Inseguro para los refugiados y su población

En este contexto, ¿seguirá la Unión Europea considerando a Turquía como un "país seguro"? La pregunta no es baladí, ya que el pasado mes de marzo, la UE anunció un acuerdo para deportar a refugiados allí. Como compensación, las autoridades comunitarias pagarían 3.000 millones de euros durante este año y otros 3.000 millones a ser desembolsados en octubre de 2018. En total, una suma de 6.000 millones de euros que serviría de excusa a la UE para esquivar el cumplimiento del derecho de asilo, dado que las personas migrantes no podrían solicitarlo en territorio europeo al proceder justo en la etapa anterior de un país considerado como "seguro" (Turquía).

Declarar a Turquía "país seguro" sirve para que Europa no tenga que asegurar el derecho de asilo de los refugiados

La alianza entre la Unión Europea y Turquía, que pasó desapercibida para la mayor parte de la sociedad, fue calificada de "sinsentido" por los expertos. Cristina Gortazar, profesora de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales y Derecho de la Unión Europea en la Universidad Pontificia Comillas, explica que la filosofía de las negociaciones se basaba en que "Turquía debía readmitir a cualquier persona que cruzara irregularmente la frontera de la Unión Europea, en este caso Grecia, fuera turco o de cualquier otra nacionalidad". Según la directora de la Cátedra Jean Monnet en Derecho de la UE en Inmigración y Asilo, el acuerdo contempla que Europa reconozca a Turquía como "tercer país seguro". En otras palabras, la UE conseguía así devolver a todos los inmigrantes irregulares al régimen de Erdogan, independientemente de que quisieran solicitar asilo o no.

El problema, de acuerdo con Gortazar, es que el derecho europeo establece la inadmisión de la solicitud de asilo en el caso de que la persona migrante proceda de un "país seguro", como ahora es Turquía según las autoridades europeas. El término de "tercer país seguro" marca la diferencia entre el país de origen, donde proceden los refugiados que ven en peligro su vida o derechos y libertades por cuestión de guerra o catástrofe humanitaria, y el país donde se solicita el asilo como, por ejemplo, sería Grecia. El tercer país es la región de tránsito entre el lugar de origen y el sitio donde se pide asilo: en caso de que sea seguro, el derecho comunitario entiende que no hay por qué solicitar asilo en territorio europeo.

Tras el golpe de Estado, el régimen de Erdogan ha comenzado una purga sin límites. Ahora suspende la Convención Europea de los Derechos Humanos"¿Cómo va Europa a declarar país seguro a Turquía si de las cinco condiciones que debe cumplir apenas cumple una o dos?", se pregunta la docente. En primer lugar, Turquía no garantiza del todo la no devolución al país de origen de persecución o riesgo; en segundo lugar, no hay garantía absoluta de sometimiento a tortura o tratos inhumanos. La tercera disposición, "imposible de cumplir" según Gortazar, es que cualquier persona pueda solicitar asilo en el país turco. No por la suspensión temporal de la Convención Europea de los Derechos Humanos anunciada hoy, sino porque Turquía "no tramita solicitudes de asilo de refugiados procedentes de África, Asia, América u Oceanía". En otras palabras, Turquía sólo admite refugiados europeos, algo que es un "sinsentido" para la jurista. La cuarta condición es que la persona devuelta al "país seguro" debe tener algún vínculo con esa nación, no sólo que hayan transitado; y la quinta, que se analice caso por caso si ese individuo puede ser deportado o no.

Para la especialista en Derecho Internacional Público, el paso dado por la UE en marzo fue una "ocurrencia". Otros especialistas, como Elizabeth Collett, directora del Migration Policy Institute, también han calificado el acuerdo como "paradoja" que socava el cumplimiento de los derechos humanos y las libertades individuales por parte de Europa. Cabe ahora preguntarse si, tras el golpe de Estado del pasado viernes y la subsecuente purga iniciada por Erdogan, la administración de la Unión Europea rectificará para enmendar su error. Porque Turquía nunca fue un país seguro para refugiados. Los hechos demuestran que tampoco lo fue para su propia ciudadanía.