Jesús Villaseca Pérez.

Profesores y policías se enfrentaron ayer en el más violento de los capítulos de la batalla por la Reforma Educativa.

Esta vez la ciudad de Oaxaca y Asunción Nochixtlán fueron los escenarios de un violento desalojo policial con un saldo de seis muertos, alrededor de cien heridos y dos docenas de detenidos. La policía usó armas de fuego y gases lacrimógenos para controlar las protestas.

En un principio, las autoridades negaron el uso de armas de fuego, pero ante la presión mediática y las fotografías de la prensa que mostraron lo contrario, admitieron usarlas contra personas “infiltradas” al movimiento que también portaban armas. Las circunstancias aún no son claras. Hasta ahora el secretario de educación, Aurelio Nuño, no ha emitido alguna declaración.

En la noche la ciudad de Oaxaca se quedó sin luz y los hospitales fueron bloqueados por la policía negando el servicio a los heridos.

Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) habían bloqueado la carretera México-Oaxaca desde hace una semana en protesta contra la Reforma Educativa y los estragos que le ha causado al magisterio hasta ahora.

Por ahora, el Padre Alejandro Solalinde ha hecho un llamado para organizar un comité mediador conformado por integrantes de la sociedad civil para llegar a un acuerdo entre los maestros y el gobierno.

¿Por qué protestan los maestros?

Los opositores a la Reforma Educativa argumentan que se trata más de una reforma laboral, ya que su principal ambición es evaluar los conocimientos de los profesores. De acuerdo a los resultados se despedirán, jubilarán o cambiarán de lugar a los profesores reprobados. Sin embargo no toca los planes de estudio, el modelo educativo, la carencia de infraestructura en las escuelas ni las necesidades de los alumnos. Además los maestros denuncian una “campaña negra” en los medios de comunicación para desprestigiar el movimiento.

A favor o en contra de la lucha de los maestros, el uso de armas de fuego contra manifestantes es un uso excesivo de la fuerza policíaca prohibido en todos los protocolos internacionales de aquellos países que dicen ser una democracia. El gobierno debe explicaciones a la brutalidad de la respuesta gubernamental.

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