El 18 de junio será el día D para el sistema penal mexicano, el día en el que pasaremos a tener un sistema judicial moderno y vanguardista del primer mundo... o al menos en el discurso. El nuevo sistema penal mexicano deberá estar al 100% en menos de 20 días, cuando finalizará un proceso de ocho años que comenzó con la Reforma Constitucional del 2008.
De acuerdo con el abogado Carlos De la Rosa del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), la reforma se planteó en dos partes contradictorias entre ellas. Por un lado, las modificación del sistema penal que pasó a defender los derechos humanos de los mexicanos, y por el otro, una serie de nuevas figuras jurídicas que pretenden hacer más eficaz el combate al crimen organizado, acotando las libertades de los presuntos delincuentes.
¿Qué va a cambiar?
Antes de la reforma, los jueces no eran totalmente parciales pues tenían facultades para investigar y había una figura llamada “fe pública”, la cual permitía a un juez determinar algo como verdadero para efectos jurídicos sin tener que comprobar nada científicamente. Esta capacidad llevó a malas prácticas como “no desarrollar la capacidad para hacer investigaciones”, explica De la Rosa. Ahora las investigaciones estarán a cargo de la policía.
El cambio más mediático y visible son los juicios orales, donde las partes involucradas y el juez deberán dar sus argumentaciones de forma oral en una audiencia pública. “No va a ser discrecional como antes”, comenta De la Rosa, pues las decisiones de los jueces se daban después de leer el expediente en un lenguaje jurídico. Además, los enormes expedientes de antes serán reemplazados por carpetas de investigación y videograbaciones de los procesos penales. Se agilizará todo debido a la interacción entre las partes y el juez. La figura de la fe pública desparecerá, y los jueces deberán determinar únicamente con las evidencias y los testimonios de las partes.
Otro cambio fundamental será la integración de la presunción de inocencia, lo que significa que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En México, antes sucedía al revés: la defensa tenía que probar la inocencia y las autoridades podían acusar a quien sea sin evidencia, haciendo de esto una herramienta de impunidad y de detenciones arbitrarias.
Esperen un momento...
Si algo suena tan maravilloso es probable que no lo sea. Al momento de hacer la reforma se planteó un período de ocho años para ejecutar todos los cambios que debían hacerse: transformaciones en las leyes, en la organización, en la infraestructura de los Ministerios Públicos y sobre todo en la capacitación de los funcionarios públicos.
Sin embargo, entre 2008 y 2016 hubo periodos electorales que hicieron que algunos gobiernos “patearan el balón” a la siguiente administración, dejando intacto el sistema judicial. A menos de veinte días que cumplir el plazo constitucional, no hay avance del 100% en el nuevo sistema penal. En algunos lugares no se han concretado los cambios debidos aunque uno de los beneficios hipotéticos de la reforma era la homologación del sistema penal en el país. “El mayor peligro es que estemos ante una oportunidad perdida. Que el 18 de junio se dé carpetazo y que se diga 'Ya cumplimos' y que perpetúen las viejas prácticas con nuevos nombres", dice el abogado De la Rosa.
Uno de los mayores retos fue la capacitación del personal para llevar juicios orales, sobre todo que los jueces aprendieran a argumentar y explicar sus decisiones de forma oral y cambiarán el modo en el que han estado operando toda su carrera. ¿Fueron ocho años suficientes? De la Rosa estima: “En el CIDAC creemos que esto llevará más tiempo, probablemente un relevo generacional.”