El caso, todavía no resuelto, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa nos ha brindado más preguntas que respuestas. Después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) cuestionara la actuación del director de la Agencia de Investigaciones Criminales en la investigación del paradero de los normalistas, Tomás Zerón, ha rechazado y lamentado la sospechas en su contra descalificando los argumentos del GIEI.

Pero la defensa de la visita no registrada de Tomás Zerón al basurero de Cocula un día antes de que se encontraran las bolsas con las presuntas cenizas de los normalistas ha sido desmentida por todos los flancos.

Los comisionados de la ONU dijeron no haber estado ahí mientras que los expertos del GIEI dijeron que el vídeo presentado había sido editado pero se demostró que los metadatos de una fotografía son alterables.

No sólo la visita de Zerón es sospechosa, el GIEI acusó que la investigación estuvo salpicada por los tratos denigrantes y la tortura hacia los sospechosos. Los padres de los normalistas y el coordinador de los diputados del PAN Marko Cortés han exigido la renuncia del director de la Agencia de Investigaciones Criminales.

Zerón no sería el primer funcionario de alto perfil que desplaza el caso Ayotzinapa, ya lo hizo el procurador José Murillo Karam en febrero de 2015. Tampoco sería, ni mucho menos, el primer funcionario en verse implicado en corrupción durante investigaciones criminales con cobertura internacional. Tampoco sería la primera vez que Zerón actúa de manera sospechosa en investigaciones a su cargo.

Antecedentes

Año 2007, Zerón era coordinador de control policial en la Secretaria de Seguridad Pública cuando permitió el paso de 50 sicarios a Cananea que se enfrentaron con la policía municipal. Ese día en Cananea murieron 22 personas y otras más fueron desaparecidas.

El entonces Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pidió la renuncia de Zerón y otros cinco mandos por “falta de coordinación.”

Antes de ser el Secretario de Seguridad Pública, García Luna estaba a cargo de la Agencia Federal de Investigación, la cual fue mundialmente conocida por el caso de Florence Cassez, en el que se montó un operativo para la televisión contra una banda de secuestradores a la que presuntamente pertenecía la ciudadana francesa.

El pico de la incredulidad para los altos funcionarios del sistema judicial mexicano ocurrió a finales de 2010, cuando la niña de cuatro años Paulette Gebara se extravió y sus padres comenzaron una intensa campaña para encontrarla. A través de redes sociales, anuncios en supermercados, una amplia cobertura mediática y la intervención de las autoridades se inició una búsqueda a nivel nacional que culminó en la aparición de Paulette en el lugar menos esperado: debajo de su propia cama.

En ese entonces, Tomás Zerón de Lucio era coordinador de Investigación y Análisis de la PGR en el Estado de México, donde se encuentra Tecamachalco. Aunque la conclusión del caso Paulette fue inverosímil, no se investigó la actuación de los funcionarios como Zerón, quienes acudieron decenas de veces a la casa de la familia Gebara durante la búsqueda. Él siguió avanzando en su carrera hasta llegar a su puesto actual en 2013 como director de la Agencia de Investigación Criminal donde el caso más turbio hasta ahora es el de Ayotzinapa, donde expertos y opinión pública comparten todavía muchas dudas respecto al manejo de la investigación.

Hace una semana, Enrique Peña Nieto comentó que observaba al país de un "malhumor social", pero como lo señala Jorge Ramos, no sólo hay una crisis de violencia en el país, sino que las autoridades encargadas de la seguridad pública son incapaces de dar confianza al pueblo.