Tras las revelaciones de los papeles de Panamá (millones de documentos de la firma jurídica panameña Mossack Fonseca que fueron analizados por más de cien medios de comunicación en todo el mundo, revelando un entramado de líderes políticos y celebridades que usan paraísos fiscales para resguardar su dinero), Ramón Fonseca, cofundador de la firma, dio declaraciones según las cuales la filtración es "un ataque a la privacidad" de la firma y de sus clientes. Sin embargo, Privacy International, organización internacional dedicada a la defensa del derecho a la privacidad, difiere de dicho criterio, señalando:
Este escándalo, sin embargo, no es sobre privacidad. En todo caso, es sobre la necesidad de transparencia en torno al modo en que los poderosos ostentan su poder. Necesitamos transparencia -y buena, sólida investigación- para comprender dónde y cómo es erosionado nuestro derecho a la privacidad
En su comunicado, Privacy International desarrolla la noción de que la privacidad y la transparencia no son conceptos excluyentes, sino, por el contrario, interdependientes: preservar la privacidad de los ciudadanos requiere de un grado mínimo de transparencia en el ejercicio de la función pública, en el cumplimiento de las tareas gubernamentales e institucionales:
La privacidad y la transparencia no son opuestos. Son dos caras de la misma moneda. Como defensores de la privacidad, usamos las capacidades de transparencia para investigar sobre vigilancia. Entre tanto, la privacidad como derecho requiere transparencia de las instituciones que recolectan y utlizan nuestros datos.
Esta falsa dicotomía ha sido usada una y otra vez como excusa para opacar los mecanismos del ejercicio del poder, creando una contradicción conceptual, una sociedad en la cual lo público es privado y viceversa. En los términos planteados por la organización,
lo que Fonseca hace realmente es defender un status quo de 'privacidad para los reyes, transparencia para los mendigos'
La defensa de la privacidad como mecanismo para salvaguardar las acciones de quienes detentan el poder trae como resultado no sólo corrupción y ausencia de responsabilidad por los actos de los poderosos, sino también la potencial vulneración de la privacidad de los ciudadanos, por cuanto los órganos del poder dejados a su aire incurren en la utilización de ese poder con fines de vigilancia y control desproporcionado.
De igual modo, resulta irónico que los sistemas tributarios de muchos países incluyan la capacidad para recabar una enorme cantidad de datos de los ciudadanos comunes y corrientes, mientras que quienes ostentan un gran capital puedan utilizar la privacidad como escudo para evadir sus obligaciones fiscales y desviar fortunas cuyos orígenes, en muchos casos, son más que sospechosos. Así resalta Privacy International que para el ciudadano común, nuestros sistemas financieros son vigilados por defecto, minados por agencias de inteligencia, cada una de nuestras transacciones almacenada y etiquetada: necesitamos entregar nuestra información personal para abrir cuentas, y nuestro historial de crédito es examinado minuciosamente.
No deberíamos nunca cometer el error de combinar el derecho de la privacidad del individuo con el deseo individual de esconder actividades oscuras, éticamente dudosas, que colindan con lo ilegal, para los inmensamente ricos y poderosos.
De un modo u otro, lo que Privacy International alega, en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos y los principios democráticos universales, es que la información considerada de interés público (como la relativa a recaudación y evasión de impuestos y la transformación de activos públicos en riquezas personales) es y debe ser información pública, y como tal, abierta a ser analizada y estudiada por el público en general y por los medios.