En el periodo de a los años 2010-2015 hubo 25 homicidios de defensores de derechos humanos en México; a esto se le suman tres desapariciones entre 2009-2015. Las entidades en los primeros lugares con este tipo de actos son Chihuahua, Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, es muy probable que estas cifras sean superiores puesto que, en los procesos judiciales, no se contemplan las mediciones necesarias para reconocer este tipo de actos, así como otros a los que están expuestos los defensores de los derechos humanos.
Es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México que señala estos resultados en su Recomendación General 025, así como una serie de problemáticas que envuelve a las personas dedicadas a la defensa de los derechos civiles, ya sea en sus comunidades o fuera de estas y como los agravios contra estos se han incrementado en los últimos cuatro años. La misma Comisión Nacional define a estas figuras de la sociedad como:
...son consideradas personas defensoras de derechos humanos todas aquellas que actúen de manera individual o como integrantes de un grupo, organización o movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los derechos humanos.
Las Recomendaciones que se desprenden en este documento publicado a principios de febrero de 2016 contemplan la participación de autoridades y Procuradurías en los tres niveles de Gobierno, así como las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, entre otras instituciones. Y es que la Comisión señala que el incremento de actos en contra de los defensores de los derechos humanos se debe a la creciente impunidad que se vive en el país; así como la falta de reconocimiento de su labor tanto de la sociedad como de los servidores públicos.
En esta Recomendación también se indica que es responsabilidad del Estado de procurar el respeto por la vida y las actividades de los defensores civiles ya que se encuentra en el marco de la misma Constitución, así como por la importancia de estos defensores en la sociedad. Y es que son ellos quienes establecen un vínculo de lo que sucede en sus comunidad y las autoridades; generalmente son la voz y rostro de movimientos que fomentan el respeto por los derechos de grupos vulnerables.
Un grupo vulnerable que defiende grupos vulnerables
Ahora bien, la Comisión señala que son ellos mismos un grupo vulnerable, pues no se ha reconocido de forma concreta su actividad entre las instituciones de gobierno, por los mismos servidores públicos, así como por los que procuran la justicia. De hecho, las investigaciones de los actos que sufren los defensores de los derechos humanos no se documentan relacionados con la actividad que ejercen. Esto los envuelve en un bucle de impunidad pues el hecho de cometer agravios contra ellos da la impresión de no ser perseguidos o castigados.
Las agresiones que sufre este grupo van desde la intimidación personal o a sus familias, la vigilancia, robo en sus oficinas u hogares, hostigamiento, y casos como los señalados como desapariciones forzadas, homicidios o ejecuciones extraoficiales.
Quienes cometen estas agresiones son tanto del sector público y privado y se ven solapadas por la ineficiente investigación de las autoridades, por la ausencia de fiscalías y unidades especiales para el esclarecimiento de los mismos. De hecho, el defensor de los derechos humanos vive con un gran estigma social, incluso de las comunidades que defienden, esto particularmente lo sufren las mujeres quienes son acusadas; en la Recomendación puede leerse lo siguiente al respecto:
Las mujeres defensoras comunitarias enfrentan un entorno que les sitúa en una posición de extrema vulnerabilidad, debido a que generalmente se les excluye de sus familias y núcleos sociales al ser consideradas como “transgresoras” del orden y de los roles tradicionales de su comunidad, de tal manera que ante la falta de reconocimiento social de su labor, las condiciones en que se desarrollan son aún más difíciles y complejas, además de que frecuentemente carecen de apoyos económicos.
La labor de los defensores de los derechos humanos debe ser reconocida, así como respetados sus derechos, según señala la Comisión en la misma Recomendación, y debe reparar la violación a los mismos. El papel fundamental de los defensores es innegable, sobre todo en una sociedad con una repartición de riqueza tan contrastada como en México y que hace que un grupo mayor de personas esté expuesta a actos que vulneren sus comunidades; esto hace que su labor sea necesaria para la vigilancia del Estado de Derecho en todos los niveles.
Las recomendaciones en el documento emitido por la Comisión Nacional comprende acciones que corresponde a los tres niveles de gobierno, a las Comisiones y a otros actores competentes. Entre ellos destaca la reiteración de actividades que promuevan la sensibilización a la importante labor de estos defensores de los derechos humanos, sobre todo entre los servidores públicos y las autoridades para que estas agresiones sean castigadas y por ningún motivo sean imitadas aprovechando el marco de impunidad que prevalece.