Drones en Latinoamérica: ¿es necesaria una regulación?

Durante los últimos años, la tecnología usada en los drones (vehículos aéreos no tripulados, o VANT) ha avanzado y éstos se han vuelto cada vez más comunes, desde su uso civil hasta su utilización por parte de gobiernos para diversos propósitos. A pesar del hecho de que no existen evidencias concluyentes de que la vigilancia por medio de cámaras tenga efectos positivos contra el crimen, Latinoamérica sigue avanzando hacia un estado de vigilancia masiva, y las herramientas que facilitan esta conducta, como los drones, se hacen cada vez más populares.

En 2013, Colombia compró drones de vigilancia, que han sido usados durante temporadas vacacionales para vigilar las principales vías, y también para monitorizar conciertos en algunas ciudades (Bogotá, Cali, Ciudad Bolívar). Entretanto, las fuerzas armadas argentinas están desarrollando sus propias tecnogías de VANTs para vigilancia aérea: tienen cámaras que capturan y transmiten imágenes en alta definición, en tiempo real, a los comandos policiales.

México los utiliza para vigilar las fronteras, y Brasil, posiblemente su promotor más entusiasta, ha gastado alrededor de 900 millones de dólares en su sistema de vigilancia, que incluye drones, cámaras estáticas y sistemas de reconocimiento facial. Venezuela usa drones desde 2013, con cámaras de uso militar y al servicio del ejército. El punto en común de casi todos estos países es la ausencia o insuficiencia de un marco regulatorio.

En el ámbito internacional, corresponde a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) emitir normas para armonizar las actividades de aviación en cada país, pero en lo que respecta a los drones, se calcula que no será sino entre 2018 y 2011 que exista una regulación estándar internacional. Ante este escenario, países como Argentina, Perú y Colombia han ensayado legislaciones sobre el uso local de drones (certificaciones para los pilotos, procesos de registro), que sin embargo, enfocándose en los usos civiles de los dispositivos, dejan fuera grandes preocupaciones relativas a la privacidad de las personas, la recolección de datos y al uso de estos dispositivos para la vigilancia.

Argentina, por ejemplo, ha intentado armonizar el uso de drones con su normativa interna sobre recolección de datos personales, manifestando que se debe evitar "la recolección de datos sensibles", y que las fotografías y videos que se recopilen a través de un VANT deben estar sujetos al régimen vigente en materia de protección de datos personales. Entretanto, otros países, como Venezuela, ni siquiera tienen un marco legal existente en materia de datos personales: la recolección de información privada sucede, verdaderamente, en tierra sin ley.

De acuerdo con Katitza Rodríguez, de la EFF, las leyes de privacidad no se han mantenido al ritmo del avance de la tecnología en materia de drones, resultando así que muchos países tienen cancha libre para espiar a sus ciudadanos sin órdenes judiciales o ningún tipo de proceso legal previo. Por otra parte, la creación de regulaciones para el uso civil puede tener el riesgo del establecimiento de requisitos exagerados -como en el caso colombiano- que representan cercos a las posibilidades de innovación en el uso de herramientas tecnológicas que, en un contexto adecuado, podrían tener infinidad de usos, como la creación de modelos de respuesta a desastres naturales o el uso en contextos cartográficos o geológicos.

En apariencia, no sólo se hace necesaria una regulación, sino que en muchos casos la legislación existente es insuficiente, al no abordar de la manera debida los límites para el uso estatal de estas tecnologías, dedicándose sólo a los aspectos de uso civil. Establecer restricciones y garantías a los ciudadanos en cuanto a su privacidad y la protección de sus datos personales parece urgente, antes de que abramos los ojos y nos encontremos en un estado omnipresente de vigilancia masiva.

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