Ya son pocas las hojas que nos quedan en el calendario de este año; 365 días que han sido muy intensos en lo que a legislación y polémicas se refiere en el campo de la economía colaborativa. Hemos tenido drama en el campo del transporte por taxi con el eterno rival Uber que, en un intento de hacer las cosas bien, decidió adaptarse en la medida de lo necesario a la legislación vigente. Cabify, que se las creía fáciles, terminó por recibir la notificación del juzgado por competencia desleal. Y por supuesto, BlaBlaCar rivalizando con la patronal de autobuses Confebus. Salvo el caso de Uber, que sigue siendo el enemigo número uno, parece ser que el resto de plataformas van por buen camino y su actividad, pese a la falta de legislación adaptada, está garantizada.

De momento, Airbnb no ha tenido que enfrentarse en los tribunales como BlaBlaCar o CabifyPero siempre nos ha quedado una duda y, en cierto modo, lo hemos estado esperando, ¿qué ocurre con Airbnb? La máxima representación de este tipo de economía, pero trasladada al entorno turístico, hace la competencia a uno de los sectores más potentes y protectores con su actividad comercial. Los hoteles, que tanto negocio generan en España, se han encontrado un rival del que difícilmente pueden deshacerse por las ventajas comparativas que suponen para los clientes. Los gobiernos de algunas comunidades han lanzado algunas medidas que limitan la actividad de la plataforma estadounidense, y que mantenga contentos a algunos hoteleros más conservadores; evitando así saturar los juzgados con este tipo de batallas. Pero, los parches son inútiles, y evitar lo inevitable es atrasar la situación.

Lejos de lo que pueda pensar mucha gente, Airbnb, o la recién adquirida HomeAway, ha dejado de ser un modelo de turismo exclusivamente mochilero para convertirse en una de las opciones para altos poderes adquisitivos; la disponibilidad de viviendas en lugares de alto standing ya les está haciendo sombra a los cinco estrellas. Y esto duele y mucho, pese a que como nos confirman desde Airbnb ellos "creen que ambos ofrecen servicios complementarios, y para que Airbnb triunfe no es necesario que nadie salga perdiendo".

Pero siempre está bien atender a la competencia, y de ahí el ya consabido refrán de renovarse o morir. Como ha de ocurrir en otros sectores, si las tradicionales empresas hoteleras cierran conversaciones, se cruzan de brazos y se lamentan por lo que fue y nunca volverá a ser su negocio, les ocurrirá como a tantos otros sectores. Otros, inteligentes empresarios preocupados por las nuevas exigencias de los clientes, más que por mantener su estática figura, han **optado por "unirse al enemigo"*. Es el caso de Kike Sarasola con su proyecto emprendedor BeMate y que vio la luz en 2014 ante las dimensiones que estaba tomando Airbnb.

Normativas para todos los gustos

Con casi 80 millones de usuarios, 3.890 millones de dólares de financiación y presencia en 190 países, Airbnb tiene que enfrentarse a normativas diferentes en cada país en el que opera, e incluso diferentes dentro de cada país. Y mejorarlas, crearlas u homogeneizarlas son los objetivos que nos confirman desde la plataforma:

"Airbnb ha tenido conversaciones con muchas administraciones con el objetivo de que la figura del anfitrión que hace home sharing esté reconocida, de la misma manera que lo está en otros países como Holanda, Francia y el Reino Unido."

En estos tres países que cita se ha permitido el uso, casi ilimitado de las viviendas como lugares turísticos, cumpliendo con el pago de impuestos y seguridad de los clientes y propietarios.

Pero dentro de España tenemos la más variopintas opciones. Madrid legisló contra la plataforma limitando su uso a estancias no menores a cinco días, y ofreciendo viviendas que no sean de uso habitual. Medidas tan exageradas que incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recurrió la normativa por considerarla abusiva. O el caso de Cataluña, donde se ha a amenazado a Airbnb con varias multas por no actualizar su legalidad a las exigencias de la comunidad. Canarias y Baleares, emporios por excelencia de la cultura turística en España, solo permite la actividad si la vivienda está fuera de la zona turística dejando las primeras líneas de playa a la explotación de las empresas. Valencia, por contra, solo exige que la vivienda se registre como turística independientemente de la localización y el tiempo de uso.