El Papa Francisco I ha aprovechado su visita al Capitolio para pedir la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos. No está sólo. Desde la segunda mitad de la década de los noventa, las encuestas han ido cambiando de signo. Si a finales de los sesenta se pasó de un equilibrio entre el «a favor» y el «en contra» en la población americana a una creciente victoria de la posición favorable a ella, en 1996 comenzó a descender este último porcentaje. [A día de hoy, se sitúa entre un 56% a favor y un 38% en contra](http://www.people-press.org/2015/04/16/less-support-for-death-penalty-especially-among-democrats/), por los 78% y 18% respectivamente de 1996.

Esta última reversión, o al menos proceso de reversión, tiene entre sus motivos un gradual apego al «no» por parte de demócratas. También al proceso por el que varios estados del país han ido prohibiendo la pena capital. El último estado norteamericano en decir «no» oficialmente a ella fue Nebraska, hace menos de cinco meses. Actualmente son 32 los estados que la tienen contemplada y aceptada, más el Gobierno Federal. Pero en el mundo real, la mayoría se concentran en Alabama, Oklahoma, Virginia, Texas, Florida, Louisiana, Georgia, Missouri, Arizona, California, y Ohio. De todas formas, también en ellos es donde se han producido una caída más abrupta desde hace veinte años, cuando la pena capital alcanzó sus máximos en Estados Unidos.

Con el paso del tiempo, el resto de países del mundo que han abolido la pena de muerte lo único que ha hecho es crecer. El mapa actual de países que, de una forma u otra, tienen contemplada la pena de muerte en su código penal. Aunque sea en condiciones excepcionales, como las épocas de guerra.

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Y aquí en formato lista:

– Afganistán
– Antigua y Barbuda
– Arabia Saudí
– Bahamas
– Bahrein
– Bangladesh
– Barbados
– Bielorrusia
– Belice
– Botswana
– Catar
– Corea del Norte
– Chad
– China
– Comoros
– Cuba
– Dominica
– Egipto
– Emiratos Árabes Unidos
– Estado Palestino
– Estados Unidos
– Etiopía
– Gambia
– Guatemala
– Guinea
– Guinea Ecuatorial
– Guyana
– India
– Indonesia
– Iran
– Irak
– Jamaica
– Japón
– Jordán
– Kuwait
– Líbano
– Lesoto
– Libia
– Malasia
– Nigeria
– Omán
– Pakistán
– República Democrática del Congo
– San Kitts y Nevis
– San Vicente y Granadinas
– Santa Lucía
– Singapur
– Somalia
– Sudán
– Sudán del Sur
– Siria
– Taiwán
– Tailandia
– Trinidad y Tobago
– Uganda
– Vietnam
– Yemen
– Zimbabue

Un gran análisis global pero al mismo tiempo desgranando los datos de cada país fue realizado en The Guardian.

##Cuando la justicia «falla»

Robert J. Daveant / Shutterstock.com

Innocence Project es una iniciativa privada estadounidense que brega por la liberación de presos injustamente encarcelados que están condenados a muerte. Desde su creación de 1992 ha demostrado la inocencia de 297 presos. Muchos de ellos ya ejecutados para cuando consiguieron sacar a la luz la verdad.

En Materia contaron la historia de la organización, que utiliza varios tipos de pruebas forenses con los análisis de ADN a la cabeza. En total llevan ahorrados casi 4.000 años de cárcel agregados.

Cabe destacar que de cada cuatro presos que fueron liberados gracias a los análisis de ADN, tres fueron condenados por el reconocimiento de testigos. Es decir, un método que ha resultado muy poco fiable. Y sobre todo, **irreversible**. Es la irreversibilidad de esta pena, la imposibilidad de dar marcha atrás y compensar de alguna forma a la víctima, uno de los principales argumentos contra la pena capital. El más destacado si quitamos los que hacen referencia a la ética, la moral o la religión.

##A la baja

http://www.shutterstock.com/gallery-3700p1.html

En los últimos quince – veinte años, la evolución a la baja es clarísima. En 2012 sólo 59 condados de los 3.144 que hay en Estados Unidos llegaron a condenar a muerte a alguien. Si se percibe como una herramienta, está cayendo en el desuso.

El argumento que no debería importar: son caros

Los procesos judiciales ya tienen de por sí altos costes asociados. En el caso de los procesos en los que se llega a la pena de muerte, se hacen todavía más largos, con más testimonios, más apelaciones, más informes de expertos. Muchas más horas que pagar. Mucho más dinero por el camino. Se estima que en promedio un juicio por pena de muerte cuesta el triple que uno por cadena perpetua.

El argumento económico debería ser el último en aparecer, pero en este caso también aparece. California gasta 184 millones de dólares en mantener su sistema de pena capital, pero sólo ha ejecutado a 13 presos en los últimos 38 años.

Si en lugar de California utilizamos como ejemplos a condados mucho más reducidos, con las arcas hechas una pena, el peso económico para dejar de utilizar la pena capital se acentúa. Tanto es así que ha sido un efecto natural el hecho de dejar de prestar atención a la pena de muerte: se pierde el interés, se cae en la inactividad.

La pena de muerte **no tiene vuelta atrás: está cayendo**, y lo seguirá haciendo. En determinadas regiones y países costará muchísimo más que en otros su abolición, según qué sectores defenderán que continúe contemplada, pero en un punto no hay discusión alguna: se está haciendo cada vez menos frecuente. Que el Papa, que más allá de su papel religioso tiene una influencia muy alta como jefe de estado del Estado Vaticano, haya solicitado su «ejecución» en Estados Unidos, es sólo un pasito más.

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