"Nosotros no incumplimos la Ley de Transporte Público, no incurrimos en competencia desleal, no incumplimos las cosas que ellos [Fenebús] dijeron que incumplimos. Más que nada porque ni siquiera jugamos en el mismo campo."
Estas palabras las dijo Vincent Rosso, country manager de BlaBlaCar en España, cuando lo entrevistamos hace poco más de un año, a raíz de una consulta que en algunos medios fue a más sobre la completa legalidad y operabilidad de BlaBlaCar en España. Su respuesta fue contundente. Poco antes, una advertencia del gobierno que en realidad iba dirigida a Uber ya acabó tranquilizando a BlaBlaCar. Eso fue en 2014. Ahora las cosas se han puesto un poco más feas.
Y es que como recoge El Mundo, la patronal de autobuses Confebus ha demandado por competencia desleal a Comuto SA y Comuto Iberia, las matrices de BlaBlaCar. Según ellos, el altísimo número de coches cubriendo trayectos cada día, y especialmente cada fin de semana, y algunos indicadores más, como la ausencia de una licencia de pasajeros o el hecho de que algunos usuarios cubran rutas de forma constante, convirtiendo la actividad en mero negocio.
La postura de BlaBlaCar siempre ha sido la misma: defender que se limitan a mantener una plataforma que conecta conductores con viajeros con los que compartir gastos, que nunca hay negocio, y que tienen personas en plantilla encargadas de supervisar cada anuncio para detectar posibles casos de mal uso de la herramienta. En ese caso, se expulsa a quienes han pretendido convertir a BlaBlaCar en una vía de obtención de ingresos.
El paralelismo con el caso Uber es limitado, ya que Uber ha basado su negocio en crear una flota alternativa de taxis con un beneficio ecnómico directo sin pagar impuestos ni licencias. En BlaBlaCar era cuestión de tiempo que apareciesen conductores que cubriesen rutas normalmente solicitadas con la intención de lograr beneficios, y para eso la empresa dedicó recursos, para cortar estas "iniciativas".
¿Qué ocurre ahora con BlaBlaCar? El juzgado mercantil nº2 de Madrid deberá decidir si obliga a la empresa a dejar de prestar sus servicios en España a partir del 1 de octubre, y da la razón a la patronal de autobuses, o por contra le deja continuar su actividad como hasta ahora o con alguna nueva consideración. Como dijo Vincent Rosso en la entrevista de hace un año, "la innovación siempre va antes que la regulación".