En una maniobra digna de novela orwelliana, el gobierno de Perú ha dado un duro golpe a la privacidad de los usuarios de smartphones y teléfonos, ordenando desde lunes pasado a las compañías de telecomunicaciones establecidas en el país latinoamericano que le concedan acceso a las ubicaciones de teléfonos de usuarios en tiempo real, así como a metadatos que podrán decir dónde estás a una determinada hora y con quién estás hablando, como hemos podido ver a través de El Nuevo Herald. Sin embargo, el verdadero atentado contra la privacidad se debe a que la policía no necesitará una orden judicial para acceder a dichos datos, con lo que potencialmente expone a cualquier usuario que lleve consigo un teléfono.
Este nuevo decreto atenta a todo lo que conocemos como derecho a la privacidad, y debe ser derogado cuanto antes.
De hecho, sabiendo el gobierno que sería una maniobra altamente impopular, aprovechó para publicar el decreto en un día de fiesta nacional para no atraer la atención del público, además de no haber sido debatido en el Congreso, debido a que fue aprobado mediante poderes legislativos especiales otorgados recientemente al gobierno de Perú. Además, según el decreto aprobado por el gobierno del presidente Humala estos datos estarán disponibles para la policía hasta un máximo de tres años, todo ello mediante la excusa de "luchar contra el crimen organizado en un país plagado del mismo", algo que en ningún modo justifica la severidad de este nuevo decreto del gobierno de Perú.
Obviamente, los activistas a favor de la privacidad y el abuso de datos se han puesto en pie de guerra, y han tildado la nueva medida del gobierno peruano de "inédita en la historia a la hora de violar la privacidad de los usuarios". Esto se debe a que, aunque se necesita una orden judicial para escuchar las conversaciones, la policía ya tiene el dato, como afirma el defensor de derechos civiles Erick Iriarte, una policía acusada en repetidas ocasiones de corrupción, por lo que muchos están preocupados de qué ramas de la policía de Perú podrán acceder a esa información. Veremos qué pasa con este decreto, pero de no poder hacer nada los ciudadanos de Perú para hacerla retroceder, será otro triste capítulo en la historia de atentados contra las libertades civiles.