A nadie le ha cogido por sorpresa que, tras los atentados de Charlie Hebdo, los gobiernos de todo el mundo aprovecharían para reforzar la seguridad en la red a favor de la seguridad nacional. No es la primera vez que pasa, y lo cierto es que cada vez que sucede un deplorable atentado terrorista los ciudadanos Europeos cedemos un poco de nuestra privacidad y libertad en la red a favor de nuestra seguridad. ¿La última? EL gobierno de UK quiere acabar con las comunicaciones cifradas entre ciudadanos para, efectivamente, proteger al país.
A pesar de que eso de las comunicaciones cifradas suene a algo que no usemos en nuestro día a día, lo cierto es que la mayoría de las aplicaciones de mensajería que usamos en el mundo, WhatsApp, Telegram, iMessage, Facetime... casi todas están cifradas mientras viajan en la red, por lo que la propuesta de David Cameron supondría, o bien que las aplicaciones que hagan uso de este tipo de cifrados salgan del mercado, o que faciliten el acceso a los cuerpos y seguridad del estado a la clave de cifrado y por extensión, a las comunicaciones de los ciudadanos.
O en el peor de los casos y en última instancian tengan que hacer grandes cambios en sus servicios para garantizar que podrían funcionar en el Reino Unido -algo que copiarían no en mucho tiempo el resto de gobiernos de Europa-, algo peligroso puesto que en función de cómo se redactase esa supuesta ley, podría extenderse incluso al protocolo SSL o al HTTPS. Mal futuro para la comunicaciones cifradas de los ciudadanos británicos.
El caso de España
El caso de España es bien distinto, al menos de momento y siempre no haya una reforma constitucional. En el caso de los ciudadanos españoles, la Constitución de 1978 garantiza el secreto de las comunicaciones en su artículo 18.3, algo que se hace extensible, como no podía ser de otro modo, al cifrado de la comunicaciones se haga por el método que se haga:
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
Este precepto constitucional garantiza que, cualquier norma contraría al cifrado de las comunicaciones y por tanto al secreto de las comunicaciones supondría la base necesaria como para poder dar pie a un recurso de inconstitucionalidad que tumbe la norma que atente contra el secreto de las comunicaciones. Mientras no exista una reforma constitucional, la ley seguirá garantizando el cifrado y secreto de las comunicaciones. También lo hace el artículo 36.1 de la Ley General de Telecomunicaciones, que establece, más específicamente en el caso de la comunicaciones electrónicas el derecho de cifrado:
1.Cualquier tipo de información que se transmita por redes de comunicaciones electrónicas podrá ser protegida mediante procedimientos de cifrado.
Ahora bien, pese a que la ley, y a mayor nivel la constitución garanticen el secreto de las comunicaciones, la propia Ley General de las Telecomunicaciones ofrece herramientas para que en caso de necesidad -orden judicial, peligro inminente, terrorismo- los prestadores de servicio faciliten la llave de descifrado y permita a los cuerpos de seguridad el acceso a la información:
2. El cifrado es un instrumento de seguridad de la información. Entre sus condiciones de uso, cuando se utilice para proteger la confidencialidad de la información, se podrá imponer la obligación de facilitar a un órgano de la Administración General del Estado o a un organismo público, los algoritmos o cualquier procedimiento de cifrado utilizado, así como la obligación de facilitar sin coste alguno los aparatos de cifra a efectos de su control de acuerdo con la normativa vigente.
De momento, por mucho que se empeñe el Gobierno de UK, el cifrado de las comunicaciones debería ser un derecho fundamental e inalienable, e intentar romperlo por ley a favor de la seguridad, cuando precisamente la normativa siempre va por detrás de la herramienta, siempre es una mala idea y desde luego un pérdida de derechos como una catedral. Por lo menos en el caso de España, está garantizado y siempre, siempre puede ser peor.