Otra mala noticia para Uber que levanta portadas en todos los países en los que opera. Si hace una semanas nos enterabamos de las malas prácticas contra su competencia en Estados Unidos, ahora es el Tribunal Regional de Frankfurt el que ha impuesto una medida cautelar contra el servicio de conductores privados obligando a la compañía a suspender todas sus actividades en Alemania.
El motivo tras esta medida cautelar tenemos que buscarla en que Uber no tiene los permisos pertinentes para operar en el país europeo, como tampoco lo tienen sus conductores, por lo que a ojos del Tribunal Regional de Frankfurt están operando de manera desleal y fuera del circuito legal que ampara al resto de conductores públicos alemanes.
Ya son tres los tribunales Alemanes que sancionan a Uber
A pesar de que Uber ha confirmado que apelará esta medida cautelar, parece que las cosas se le han complicado en Alemania, aunque ya ha ganado procesos similares en Hamburgo y Berlín, donde obtuvo fallos a su favor de diferentes tribunales para suspender las medidas cautelares impuestas por esos tribunales regionales.
En amos casos -Hamburgo y Berlín- Uber sostuvo que los conductores del servicio no son sus empleados, y se negó a pagar las multas en caso de que estos conductores fueran sancionado. No obstante, en esta ocasión los riesgos son mucho mayores, puesto que cada servicio prestado en lo que dura la suspensión podría suponer hasta 250.000 euros de multa, incluyendo penas de prisión para los directivo de la compañía de Uber en caso de incumplimiento sistemático, algo que supone un problema para su expansión programada en Europa.
Lo cierto es que aunque el modelo tenga que cambiar, las políticas comerciales y de expansión de Uber le están costando más de un problema en la mayoría de países, cuyos conductores tradicionales acusan a la compañía y al servicio de prácticas desleales al no disponer de la licencia de transporte público pertinente. Pocas opciones que quedan a Uber en Europa más que obtener las licencias pertinentes -con el sobre coste que conllevan- y empezar a operar dentro de la legalidad vigente si no quieren acabar con procesos judiciales en los países en los que operan.