Andrea Ambrogi Domínguez, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, publica hoy una columna invitada en Animal Político donde, bajo la excusa de seguridad y prevención del delito, propone que la sociedad mexicana entregue parte de sus derechos fundamentales a su propia privacidad. ¿Cómo? Permitiendo que el Gobierno Federal de México tenga una conexión directa a los servidores de las compañías telefónicas para rastrear teléfonos celulares que supuestamente han cometido delitos.

Esta sería parte fundamental de una estrategia para eliminar parte de la "burocracia" que existe para que la autoridad tenga un registro en tiempo real de la ubicación de un teléfono celular.

Lamentablemente, lo que Andrea Ambrogi Domínguez llama "burocracia" en realidad es parte de un proceso legal por medio del cual se ofrecen ciertas salvaguardas para proteger la privacidad de los ciudadanos mexicanos. ¿Se imaginan que el gobierno federal tuviese acceso ilimitado, sin restricciones, sin necesidad de una orden judicial, sin justificación alguna, de la geoposición en tiempo real de cualquier móvil?

Una propuesta de este tipo permitiría que el gobierno mexicano actue como un Gran Hermano que sabe dónde estás, en tiempo real

La propuesta parte de una supuesta solución a la extorsión telefónica realizada desde cárceles mexicanas, pero es intentar matar moscas con una bazuca. También es una solución poco efectiva, poco real, en que nuevamente se intenta culpar a la tecnología de un problema que en realidad es social. Definitivamente los ciudadanos no tienen por qué exponerse a amenazas, angustias o intimidaciones, pero esto se soluciona combatiendo la raíz del problema y no por medio de "parches" que sentarían un precedente que permitiría que el gobierno de México finalmente pueda actuar como un Gran Hermano, que todo lo ve y que en todo momento puede saber dónde estamos, sin necesidad de pedirle permiso a alguien, por medio de una conexión directa con la infraestructura de las operadoras telefónicas.

En México ya hay un atentado gravísimo y sin precedentes contra la privacidad de sus ciudadanos con la aprobación de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones. De llevarse a cabo algo como lo que Andrea Ambrogi Domínguez propone, quedarían poquísimos vestigios de los derechos fundamentales a la privacidad de los mexicanos con la excusa de la seguridad.

En realidad una sensación de seguridad falsa, porque obtener esa información, en términos prácticos, haría poco o nada para detener las extorsiones telefónicas.

Aquellos que entregan su libertad para obtener seguridad temporal merecen ninguna

— Benjamin Franklin